Kat-echón del siglo XX

Hans-Hermann Hoppe. Causas suficientes y necesarias de la Revolución industrial. Apreciaciones críticas sobre Mises y su explicación

2012-02-06T13:35:00.000-05:00

La transcripción en español de ésta conferencia de Hans-Hermann Hoppe ha sido publicada en el sitio miseshispano.org. Se puede leer aquí.

Hans-Hermann Hoppe. Causas suficientes y necesarias de la Revolución industrial. Apreciaciones críticas sobre Mises y su explicación

2012-02-01T15:18:00.000-05:00

He transcrito y traducido la conferencia de Hans-Hermann Hoppe titulada "Necessary and Sufficient Causes of the Industrial Revolution: Some Critical Remarks on Mises and His Explanation", pronunciada el 12 de marzo de 2010, en el Ludwig von Mises Institut, Auburn, Alabama. Se puede acceder al texto aquí.

La conferencia original se puede escuchar aquí y aquí.

Disgenesia. "La marcha de los imbéciles", de C. M. Kornbluth

2012-01-27T01:32:00.001-05:00

Ahora me estoy leyendo un cuento en el que se retrata una sociedad en el futuro lejano, en la cual el IQ promedio es 45, y, como resultado de esta estupidez masiva, el orden social es imposible: este es el producto de la disgenesia. Se llegó a este escenario por una tolerancia de "condiciones sociales y económicas que penalizaban la reproducción de los prudentes y previsores", mientras que "los trabajadores migrantes, los habitantes de los barrios bajos y granjeros sin tierra, constante e imprevisoramente se reproducían" a una tasa superior. Como consecuencia de ello, "los millones de trabajadores viven en lujo gracias al sudor de un puñado de aristócratas".

Lo que en verdad asusta es que es realmente lo que está pasando.

La historia se llama "La marcha de los imbéciles", escrita en 1951 por C. M. Kornbluth, y también fue una inspiración para la excelente película "Idiocracy". También sugiero escuchar la muy buena explicación del libertariano de derecha Hans-Hermann Hoppe sobre el efecto disgenésico que está sucediendo actualmente. Está en inglés, pero ya hice la traducción. Estoy esperando que la publiquen en un sitio, pero si no se puede, entonces la pongo en el blog.

"La marcha de los imbéciles", de C. M. Kornbluth:
http://es.scribd.com/doc/79543928/C-M-Kornbluth-La-marcha-de-los-imbeciles

Explicación de Hans-Hermann Hoppe:

Dysgenics. C. M. Kornbluth: The Marching Morons

2012-01-27T01:25:00.000-05:00

The story I am reading now depicts a society far in the future, in which the average IQ is 45, and, as a result of this massive stupidity, social order is impossible: this is the product of dysgenics. It lead to that scenario that there was a tolerance of "economic and social conditions which penalized childbearing by the prudent and foresighted", while "the migrant workers, slum dwellers and tenant farmers were shiftlessly and shortsightedly having children-breeding" at a faster rate, so "the just-average, they'll-get-along majority took over the population." As a result, "the millions of workers live in luxury on the sweat of the handful of aristocrats." What is frightening is that this is actually what's going on.

The story is "The Marching Morons", written in 1951 by C. M. Kornbluth, and was also an inspiration for the good movie "Idiocracy". You can read the story in the link. You can also check the very nice explanation by rightwing libertarian Hans-Hermann Hoppe about the dysgenic effect that is happening right now.

Korbluth's story:
http://cmkornbluth.bravehost.com/Kornbluth,%20C%20M%20-%20The%20Marching%20Morons.html

Hans-Hermann Hoppe's analysis:

What's the deal with Megaupload?

2012-01-26T02:24:00.000-05:00

What happened to Megaupload made me think some things. I want to share them with you. I speak about intellectual property, the legalization of extortion, and the return of the Luddites. All this involves an Orwellian scenario. It's 25 minutes. I hope you have the patience. Thanks!
First part, 15 min: http://www.youtube.com/watch?v=JAHYXsp_MRU
Second part: 10 min: http://www.youtube.com/watch?v=9VwkALjiRok

¿Qué pasa con Megaupload? Propiedad intelectual, legalizar la extorsión y el regreso de los luditas: un escenario orwelliano

2012-01-26T00:46:00.001-05:00

Jaime Luis Zapata

La historia oficial es la historia que los poderes establecidos quieren que sea repetida e interiorizada por la mayoría de los zombies, que son al mismo tiempo los que supuestamente deciden el curso de las sociedades en regímenes democráticos. Esta historia es el resultado de la propaganda, y no del verdadero conocimiento, porque el conocimiento es la mejor arma contra toda clase de tiranía: el fundamento de la tiranía es la mentira.

La historia oficial que nos quieren presentar con el caso de Megaupload es que hay unos señores que se están enriqueciendo a costa del esfuerzo de otros, que están arremetiendo brutalmente contra el arte, contra los artistas, y contra todo el esfuerzo colectivo que requiere dar a conocer una obra determinada. Estos señores deben, entonces, ser castigados, y hay que asegurarse de que su ejemplo no sea seguido por los demás, y por ello hay que impedir que ese tipo de tecnologías se diseminen y se masifiquen.

La verdad es muy diferente. Megaupload representa un nuevo modelo de negocios, que obedece a un desarrollo de nuevas tecnologías, una tecnología que permite copiar y reproducir un determinado material infinitas veces, sin que se presente un daño en su calidad, con un costo ínfimo. El copyright, además, es una figura que permite muy fácilmente que se lleven a cabo labores de censura por cualquier clase de motivo, y así funcionó, por ejemplo, recién inventada la imprenta.

I. Propiedad intelectual

Ahora bien, A Kim Dotcom, el fundador de Megaupload, se le está acusando de un delito que no cometió: se le acusa, entre otras muchas cosas, de haber llevado a cabo violaciones a derechos de propiedad intelectual (copyright). Lo que él en realidad hizo fue establecer un servicio que le permitía a los usuarios compartir sus archivos a nivel mundial. Si una persona determinada viera que en ese servicio se está llevando a cabo una violación de su propiedad intelectual, esa persona podía enviar a Megaupload una notificación, y al momento el archivo era eliminado del servicio. Es como si a un productor de automóviles se le encarcelara porque uno de sus clientes utilizó el automóvil para llevar a cabo un asesinato.

No obstante, la misma acción de copiar y compartir una determinada información no puede ser considerada una violación a la propiedad intelectual: mediante ello no se está poniendo en duda quién haya sido su creador, no se está atribuyendo un crédito a una persona equivocada. Y de existir una dicha cláusula que le impide al comprador de un archivo determinado que tiene derechos de propiedad intelectual el compartirlo, esa es una cláusula imposible de asegurar. Si yo compro un libro y lo fotocopio y esas copias las comparto con otras personas, o si el mismo libro lo comparto con los demás, estaría violando la cláusula de propiedad intelectual, pero para poder verificar y penalizar esa acción habría que establecer un estado policial que revisara qué es lo que los individuos comparten y no comparten.

Los conflictos se producen por una escasez en los bienes, de ello se deriva que es necesaria una regulación para reducir esos conflictos de acuerdo a normas de justicia, y la propiedad privada es la forma de llevar a cabo de una mejor manera la resolución justa de esos conflictos. Sobre la barbaridad de la propiedad intelectual el profesor Hans-Hermann Hoppe opina:

La idea de los derechos de propiedad intelectual no sólo es equivocada y confusa sino, además, peligrosa. Y ya he comentado porqué es así. Las ideas - recetas, fórmulas, declaraciones, argumentos, algoritmos, teoremas, melodías, patrones, modelos, ritmos, imágenes, etc. - son sin duda bienes (en la medida en que son buenas y útiles, no que sean malas, las recetas, etc.), pero no son bienes escasos. Una vez pensadas y expresadas, son bienes libres, inagotables. Silbo una melodía o escribo un poema, usted oye la melodía o lee el poema y lo reproduce o lo copia. Al hacerlo, usted no me ha quitado nada. Puedo silbar y escribir como antes. De hecho, todo el mundo me puede copiar y aún así, nada han tomado de mí. (Si yo quisiera que nadie copie mis ideas sólo tendría que guardarlas para mí mismo y no expresarlas nunca.)

Ahora imagine que he obtenido un derecho de propiedad sobre mi melodía o sobre mi poesía, de tal manera que puedo prohibir a usted que la copie, o exigir, de usted mismo, una regalía si la copia. En primer lugar: ¿No implica esto, que yo, absurdamente, a mi vez, tenga que pagar regalías a la persona (o a sus herederos) que inventaron el “silbar” y la escritura, y más adelante a aquellos que compusieron el lenguaje y la reproducción de sonidos, y así sucesivamente?. Segundo: Al impedir que usted silbe mi melodía o recite mi poema o al obligarlo a pagar, en caso de que lo haga, me he transformado en realidad en propietario (parcial) de usted: propietario parcial de su cuerpo, de sus cuerdas vocales, de su papel, de su lápiz, etc., porque usted no utilizó nada, excepto sus propios recursos, cuando me copió. Si usted ya no puede copiarme, entonces esto significa que yo, el dueño de la propiedad intelectual, he expropiado a usted y a su propiedad “real”. Lo que demuestra que los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad real son incompatibles, y la promoción de la propiedad intelectual debe ser vista como uno de los más peligrosos ataques a la idea de la propiedad “real” (de bienes escasos).

II. Legalizar la extorsión

Lo que está detrás de todo esto no es una lucha para asegurar los derechos de los artistas, sino una operación para hacer que unos poderes establecidos sigan existiendo. Los artistas no se benefician de discos vendidos, sino de los conciertos que hacen. Los que sí se benefician de discos vendidos son las compañías disqueras. Megaupload y servicios similares permiten que el artista se dé a conocer ante el mundo sin tener que pagar su cuota respectiva a las compañías; el artista, el productor, se acerca más al consumidor. Impedir el desarrollo de servicios como Megaupload sería como forzar al artista a entrar en negociaciones que le representarían más bien una pérdida si se comparase con los servicios que presta Megaupload; negocios que nunca, siendo plenamente libre, estaría dispuesto a llevar a cabo. Forzar la desaparición de servicios como Megaupload es legalizar la extorsión.

III. El regreso de los luditas

Hollywood está tratando de impedir el desarrollo tecnológico que haría que su poder se tambaleara mediante una apelación a la fuerza del Estado. Esto es una manifestación de lo que George Orwell en su gran obra 1984 denominó “colectivismo oligárquico”: que industria monopolizada y gobierno centralizado no se oponen entre sí, sino que, más bien, se apoyan, se ayudan y soportan el uno al otro. Hollywood está haciendo como los luditas en el siglo XIX: destruyendo las máquinas para no verse forzados a buscar otra forma de subsistencia.

Sería éste un mundo de felicidad, paz y armonía para todos si con cada avance industrial o tecnológico, además de generar mayor riqueza para la mayoría, no se perjudicara económicamente a un grupo minoritario. No obstante, como dice Henry Hazlitt:

el progreso económico nunca ha tenido lugar y probablemente nunca se realizará de forma completamente uniforme. Hoy se produce un avance en tal rama de la producción y más tarde en otra. Si se registra un súbito incremento en la oferta del objeto a cuya producción contribuyo, o si una nueva invención o descubrimiento hace innecesario lo que produzco, lo que para el mundo supone una ganancia, para mí y para el grupo productor al que pertenezco implica una tragedia.

La idea de que una economía en expansión implica la expansión simultánea de todas las industrias es un profundo error. Para que las nuevas industrias se desarrollen con cierta rapidez es necesario que algunas de las industrias antiguas reduzcan su volumen o se las deje morir. Es la única manera de que el capital y el trabajo necesarios para la expansión de las nuevas industrias queden libres. Si hubiéramos tratado de conservar artificialmente el transporte con tracción animal habríamos retardado el desarrollo de la industria del automóvil y todas las actividades que de ella dependen. Habríamos reducido la producción de riqueza y retardado el progreso económico y científico.
Sin embargo, esto es lo que realmente hacemos cuando tratamos de impedir la desaparición de alguna industria para proteger la mano de obra especializada o el capital ya invertido. Por paradójico que pueda parecer, tan necesario es para la salud de una economía dinámica abandonar industrias que se hallen en trance de morir, como permitir el crecimiento de las industrias florecientes. El primer proceso es esencial para el segundo. Tan disparatado es tratar de conservar industrias anticuadas como empeñarse en mantener métodos de producción en desuso; en realidad, son dos formas de describir unos mismos hechos. Los métodos de producción anticuados deben ser sustituidos constantemente por otros más perfeccionados, si queremos satisfacer las necesidades antiguas y nuevas con mejores productos y mejores servicios.

Por lo que están preocupados Hollywood, las compañías disqueras, y la élite interesada en su permanencia, es por el desmoronamiento de una estructura que les había logrado cierto nivel de riquezas. Este es un problema que, ciertamente, debe ser resuelto. No obstante, continúa Hazlitt:

Nunca será solución reducir arbitrariamente la oferta, impedir el progreso técnico o procurar que las gentes continúen prestando servicios carentes de utilidad. Sin embargo esto es lo que se ha tratado de hacer una y otra vez mediante las barreras aduaneras, la destrucción de la maquinaria, la quema del café y otros mil métodos restrictivos de la producción y del intercambio comercial.

IV. La riqueza es la escasez

En su novela distópica, George Orwell nos hablaba de tres lemas que son el símbolo de todo poder totalitario: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” También Hazlitt nos recuerda una doctrina que obedece a aspiraciones no menos tiránicas: “la doctrina demente de la riqueza mediante la escasez.” Este es el lema que quiere imponer la historia oficial, pero la verdad es rebelde.

Referencias

-Sobre el copyright como método de censura y la historia oficial de los poderes establecidos:

1. http://www.thedailybell.com/3529/The-War-for-the-Internet-Has-Begun

2. http://www.thedailybell.com/3525/VIDEO-Internet-Piracy-Who-Are-the-Thieves

-Hans-Hermann Hoppe sobre la propiedad intelectual:

1.http://la-carambola.blogspot.com/2011/04/entrevista-al-dr-hans-hermann-hoppe.html

2.http://www.thedailybell.com/1936/Anthony-Wile-with-Dr-Hans-Hermann-Hoppe-on-the-Impracticality-of-One-World-Government-and-Western-style-Democracy.html

-Henry Hazlitt sobre el progreso tecnológico y sus implicaciones económicas:

Economía en una lección.

Economics in One Lesson

-Sobre Megaupload

1.http://www.huffingtonpost.com/2012/01/23/megaupload-shutdown_n_1225597.html?ref=technology&ncid=edlinkusaolp00000009

2.http://www.mercatornet.com/sheila_liaugminas/view/10198

3.http://www.publico.es/culturas/418392/la-taquilla-espanola-cae-un-18-tras-el-cierre-de-megaupload

4.http://rt.com/usa/news/megaupload-shut-million-authorities-231/

5.http://www.publico.es/culturas/417771/el-fbi-cierra-megaupload-el-mayor-servicio-de-descargas-directas

-George Orwell

1984

Nicolás Gómez Dávila: The Best Defense of Aristocracies

2012-01-22T01:18:00.000-05:00

"Maybe, after all, the best defense of aristocracies is the obvious necessity for having especialists in the art of living."
Notas, 2003, Villegas, p. 109.

Nicolás Gómez Dávila: Freedom, Property and Oppression

2012-01-17T13:53:00.002-05:00

Freedom, Property and Oppression

Nicolás Gómez Dávila

From: “Notas”, 2003, Villegas, P. 114-115.

The property of the means of production is the one and only guarantee of freedom. We can say, even excessively: he who has no land, has no freedom.

Property, however, direct and not indirect; property that the owner manages and not only possesses by means of a juridical fiction; property that his hands touch and of which his will may dispose of. Every collective wealth is, therefore, an ineffective basis and a nugatory support for the individual liberty, since it is not properly the wealth what frees oneself but its appropriation.

The real owner is not he who transitorily uses or abuses, but he who regulates, limits, determines, and gives the abuse and the use. Thus, if to an omnipotent legislative that is able to change constantly the customary rights we add the collectivization of the property, the collectivity alone or its shamefaced lords are free, while the individual finds himself supremely subjugated and oppressed.

Revolution, IQ, and Free Society

2011-12-08T06:15:00.000-05:00

A Hindu friend asked me a question: is there a right to overthrow tyranny? This is a very complex question, and it can be addressed in many ways, we try here to explain it from three perspectives: When a tyranny is happening? When is a revolution a real revolution? What sort of peoples can live in a free society?

1. Tyranny, revolution, and natural right

The people have a natural right to overthrow tyranny, and it is very clear when a tyranny is taking place. It starts by abolishing the fundamental and natural right of the citizens, the property (property as defined by John Locke: life, liberty and estate). In this sense, a government that makes it impossible for the citizens to make use of his natural right (for example establishing hard private arms control, taxing too much, arbitrary restrictions to contract, acts of expropriation, etc) could start being considered a tyranny. A tyrannical government also makes it impossible for the citizens to overthrow it legally and peacefully. The only solution then is by force, by means of a revolution or a coup d’état, being these two also subjected to the natural right. This revolution is legally and morally justified. An example of this revolution is the 1776 USA War of Independence, while a revolution not subjected to natural right, making an excessive use of force, and in this sense illegal and immoral, would be the 1789 French Revolution.

2. Color revolutions

Now, the Middle East revolutions are not spontaneous, free revolutions, but managed revolutions, orchestrated by anti-christian powers. They are color revolutions. The same behind that are the ones who manage the OWS movement. OWS do not want more freedom and less government, but more government. They are financed, for example, by Georges Soros.

In Egypt it was not a matter of liberty, but of a substitution of the elite. Mubarak was trying to make his son a hereditary ruler, and that obfuscated the military elite that controls the main economic resources.

3. IQ and free society

Now, there are peoples who can live in liberty, and others that cannot. In words of Edward Luttwak, “you can’t buy democracy in a shop.” It has to do with the average IQ of the population, and the extent in which the IQ is hereditary. IQ has an influence in time preference, having low IQ usually goes along with having a high time preference, and a natural disposition to waste more than to save, and saving is the basis of capital and growth. Also IQ has an influence in crime, and it is also related with time preference. The burglars and criminals have high time preference. For example, instead of saving so they can buy something or invite some lady to dinner, they steal and rape. Low IQ is also related to psychopaths, in which different brain connections are also detected and that can also be passed onto the next generation. The levels of lead intoxication in the population may also play a huge role in crime rates.

The IQ is very much a hereditary trait, so it's little to be done when some people have very low IQ. In this sense, there are peoples that can only be governed whether by force or by a high degree of force combined with a little bit of freedom. That is why most Arabs and the Sub-Saharan Africans are not capable of living in a free society. Also in Latin-America there is a combination of force with certain degree of liberty. In other countries that have an average IQ of 95 or higher the degree of liberty and wealth is also higher.

Although there are ways in which a population can grow its average IQ: by increasing the level of good nutrition, in which free market has a main role, and by interbreeding with races with a higher IQ, though the races with higher IQ will lose in that business. Meat eaters also have an intelligence advantage over people that do not eat meat.

References

1. Tyranny, revolution and natural right

-Locke, John. Second Treatise on Civil Government. 1690

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222

-von Gentz, Friedrich. The Origins and Principles of the American Revolution, Compared with the Origin and Principle of the French Revolution. 1800.
http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=2376&Itemid=28

2. Color revolutions

-Color Revolutions

http://www.youtube.com/watch?v=5KWKw1WnziY

-Bolton, Kerry. Twitterers of the World Unite! The Digital New Left as Controlled Opposition

http://www.counter-currents.com/2011/03/twitterers-of-the-world-unite-the-digital-new-left-as-controlled-opposition-part-1/

http://www.counter-currents.com/2011/03/twitterers-of-the-world-unite-the-digital-new-left-as-controlled-opposition-part-2/

http://www.counter-currents.com/2011/03/twitterers-of-the-world-unite-the-digital-new-left-as-controlled-opposition-part-3/

http://www.counter-currents.com/2011/03/twitterers-of-the-world-unite-the-digital-new-left-as-controlled-opposition-part-4/

3. IQ and free society

-Luttwak, Edward. “You can’t buy democracy in a shop.”

http://www.youtube.com/watch?v=whcq74cdXq8

-Black Spending Habits

http://web.archive.org/web/20060515034006/http://detroitsdigitalvoice.com/digest_newsbytes_finance.htm

-Time Preference and Marshmallows

http://blog.mises.org/10407/time-preference-and-marshmallows/

-Black America, The Cycle of Poverty, and Time Preference

http://distributedrepublic.net/archives/2008/05/15/black-america-the-cycle-poverty-and-time-preference

-Which nations think over the long term

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/12/which-nations-think-over-the-long-term/#more-8517

-IQ and the Wealth of Nations

http://www.amerika.org/darwinism/iq-and-the-wealth-of-nations/

-The IQ/Aggression Connection

http://www.crimetimes.org/95c/w95cp10.htm

-Intelligence scores and behavior: even a few points matter

http://www.crimetimes.org/96b/w96bp5.htm

-Low IQ Criminals

http://commentarysingapore.blogspot.com/2005/10/low-iq-criminals.html

-Research Links Lead Exposure, Criminal Activity

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/07/AR2007070701073.html

-Bad to the bone; the genes and brains of psychopaths

http://www.gnxp.com/wp/2010/06/12/bad-to-the-bone-the-genes-and-brains-of-psychopaths/

-Brain Difference In Psychopaths Identified

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090804090946.htm

-Race and Psychopathology

http://www.gnxp.com/MT2/archives/003686.html

-How to Spot Psychopaths: Speech Patterns Give Them Away

http://www.livescience.com/16585-psychopaths-speech-language.html

-Psychopaths Share Similar Speech Patterns When Detailing Their Crimes, Study Shows

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/24/psychopaths-speech-patterns_n_1028804.html

-Criminal Minds Are Different From Yours, Brain Scans Reveal

http://www.livescience.com/13083-criminals-brain-neuroscience-ethics.html

-Bosses Four Times As Likely To Be 'Psychopaths': Survey Says

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/11/psycho-boss-survey_n_976562.html

-Hoppe, Hans-Hermann. Time Preference, Capital, Technology, and Economic Growth

http://www.youtube.com/watch?v=lmHWG_11iKk

-Id. The Wealth of Nations: Ideology, Religion, Biology, & Environment

http://www.youtube.com/watch?v=4Gns-pGIHUY

-Lynn, Richard. The Global Bell Curve

http://www.youtube.com/watch?v=d7nxFEwgRvE

-In Defense of Meat Eaters, Part 1: The Evolutionary Angle

http://www.marksdailyapple.com/meat-eating-human-evolution/

Dr. David Duke arrested in Cologne, Germany by Thought Police on November 25, 2011

2011-11-28T18:17:00.000-05:00

http://www.youtube.com/watch?v=MOG7K3fDl6o

Egoísmo solidario, individuo cuantitativo, hedonismo momentáneo, masa totalitaria

2011-10-14T01:43:00.003-05:00

Las personas son solidarias cuando se encuentran entre sus semejantes: ven sus sueños y aspiraciones reflejados en los demás. La persona los ayuda porque sus instintos la orientan en el sentido de que el éxito de ellos es su éxito, aunque materialmente en ese momento la persona pueda perder algo: su acción servirá a un bien posterior, más allá de su mera individualidad. Es un egoísmo solidario.
Cuando los lazos orgánicos se descomponen, todo lo que queda es el mero individuo cuantitativo, sin cualidades; un ser para sí mismo y su existencia efímera, cuya corta duración trata de suplir con una cada vez más grande cantidad de bienes superficiales: es un hedonista momentáneo. El individuo así reducido es el paso previo hacia la masa totalitaria.

Solidarious egoism, quantitative individual, momentaneous hedonism, totalitarian mass

2011-10-14T01:43:00.000-05:00

The persons are solidarious when they find themselves with their alike: they see their dreams and aspirations mirrored in them. The person helps them because his instincts orientates him in the sense that their success is his success, though materialistically in that moment the person may lose something: his action will serve a later good, beyond his mere individuality. It is a solidarious egoism.
When the organic bonds are decomposed, all that is left is the mere quantitative individual, without qualities; a being for himself and his ephemeral existence, whose short duration he tries to supplement with an ever greater amount of superfluous goods: he is a momentaneous hedonist. The individual thus reduced is the previous step towards the totalitarian mass.

Guerra total y racionalidad instrumental: anulación de la sociedad

2011-10-06T15:49:00.000-05:00

La Primera Guerra Mundial fue una guerra total, sin distinción entre población civil y combatientes, gracias, por lo menos en parte, a este desarrollo desmedido de una racionalidad instrumental. Si la idea es hacer el bienestar de todos, todos se deben movilizar para realizar tal fin: debe haber una programación total de la existencia de cada una de las personas, familias, empresas y cualesquiera otras instituciones, si es que se pretende lograr el bienestar total de la raza o de la clase social. Esto lleva a que las instituciones desparezcan, pues ya no es posible diferenciar unas de otras, en la medida en que todas están cruzadas y conectadas por el hilo de la hostilidad e integradas en el fin común: como todas tienen como objetivo la guerra, todas se fusionan y pierden su diferencia específica, lo que equivale a su nulidad. Desde este punto de vista, en determinado caso, todos deben colaborar a la defensa del Estado, de la comunidad, para que la comunidad siga existiendo: como el deber último de todos es preservar la comunidad, todos y todo debe estar encaminado a tal fin. De la defensa de la comunidad no se encargará solamente un cuerpo más o menos reducido de hombres combatientes, dejando fuera de ello a la población civil o no combatiente: en cuanto la amenaza es total debe ser respondida de una manera total, y esa respuesta total, si desea ser exitosa, solamente puede darse a través de la planificación y racionalización total de la existencia. Pero aun más, cuando toda la sociedad se racionaliza y se interconecta cualquier afección a un determinado sector de la sociedad se refleja en toda la misma: un sector transmite su descomposición a todos los otros gracias a la racionalización y a la cercanía entre ellos.

El ataque de lo políticamente correcto. La tolerancia a palo (I)

2011-09-07T03:57:00.000-05:00

EL ATAQUE DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

Dos nuevas leyes han sido aprobadas en la Cámara de Representantes, listas para conciliación en el Senado y luego para la sanción presidencial (que será sólo un formalismo), las cuales vulneran seriamente derechos fundamentales de la población colombiana, bajo el escudo del sentimentalismo y el humanitarismo, es decir, lo políticamente correcto, ese nuevo traje del comunismo. Una de ellas pretende desterrar in toto la discriminación, sea bajo la forma que sea, y que implica seriamente un daño a los derechos de los demás; la otra pretende establecer como una verdad jurídica y política un asunto que debe estar sometido al debate universitario. En este artículo abordaremos someramente la primera de ellas, en uno próximo pondremos en el debate la problemática no menos grave que se deriva de la segunda. Esperamos en un tercer artículo hacer un análisis de las dos situaciones a partir de una crítica al “marxismo cultural”, es decir, el discurso y el lenguaje de lo “políticamente correcto”.

LA TOLERANCIA A PALO

¿Qué dice la ley?

La ley pretende criminalizar a todo el que “arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. La pena oscilará entre los 12 y 36 meses de prisión, y entre 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa. Asimismo, contempla unos agravantes para la pena si:
-La conducta se ejerce en espacio público, establecimiento público o lugar abierto al público.

-La conducta se ejerce a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva.

-La conducta se realice por servidor público o persona en ejercicio de funciones propias del cargo que ostenta.

-La conducta se efectúe por causa o con ocasión de la prestación de un servicio público.

-La conducta se dirija contra niño, niñas, adolescente, persona de la tercera edad o adulto mayor.

-Cuando los actos constitutivos de discriminación impiden al agredido el uso, goce y disfrute de uno o todos sus derechos fundamentales.

-Cuando la conducta esté orientada a negar o restringir derechos laborales.

De igual modo, establece unos “beneficios, hasta en una tercera parte de las penas”, siempre que:

- El sindicado o imputado se retracte públicamente de manera verbal y escrita de la conducta por la cual se investiga.

-Se dé cumplimiento a la prestación del servicio que se denegaba.

También la ley prevee unas situaciones para tener en cuenta a la hora de juzgar si hay o no discriminación, pero que, al parecer, no son taxativas, es decir, que pueden existir otras, y eso queda a discreción del fiscal y del juez. Las situaciones son,

1. Entrevistas. Cuando los empleadores deciden descartar de entrevistas laborales a alguien por cualquiera de las anteriores razones.

2. Veto. Cuando no se le permita a una persona el ingreso a discotecas, teatros, eventos o centros de convenciones.

3. Despidos. Cuando se pruebe que en el retiro laboral influyó alguna de las situaciones discriminatorias.

4. Agresión física. Sea en sitios públicos o privados.

5. Hostigamiento. La ley menciona tanto el físico como el sicológico.

6. Universidades. Si, por ejemplo, como dijo Carlos Baena, uno de los proponentes de la ley, una institución educativa niega el ingreso por los motivos expresados.

Una Ley así es bastante perjudicial por los motivos que expondré a continuación.

I. Restringe en su fundamento principios, libertades y derechos caros a una sociedad libre y democrática

Es un tipo penal abierto, lo que atenta contra la seguridad jurídica, puede constituir derecho penal de autor y vulnera gravemente la libertad personal, la libertad de expresión, de cátedra, de conciencia, la libertad de cultos, la propiedad privada y el derecho de exclusión que le es inherente, la libre empresa y la libertad contractual (artículos 17, 20, 73, 27, 18,19,58, 38, 333 de la Constitución Política de Colombia).

Esta ley, que tiene intereses altruistas, y también populistas, presenta graves problemas. Claro que hay que castigar la vulneración de los derechos de las personas, para eso está el orden jurídico, el punto es ¿cuándo se están vulnerando esos derechos? Simple y llanamente: ¿qué es discriminación? Ese es un tipo penal abierto, que está sujeto a la libre discreción del fiscal o del juez que vaya a llevar el caso, y tiene todos los peligros que le son inherentes a un tipo penal abierto: la arbitrariedad, la inseguridad jurídica, el riesgo de que el Estado abuse de su poder punitivo. En efecto, ¿qué sería discriminar? Si alguien que no conoces quiere entrar a tu casa y tú no lo dejas, ¿estás discriminando? Si no quieres dejar a tu hijo bajo el cuidado de una persona que es homosexual, o negra, blanca, india, protestante, católica, judía, musulmana, comunista, liberal, conservadora, anarcocapitalista, etc, ¿estás discriminando? Si un padre católico se rehúsa a casar a homosexuales, ¿está discriminando?

De igual modo, en nombre de la no discriminación, no se puede atentar contra los derechos de los demás. No se puede impedir la discriminación a costa de vulnerar otros derechos, que pueden ser fundamentales, y que pueden resultar vulnerados por esta ley. Así surgiría otra discriminación, no menos grave.

Con respecto a las diversas situaciones que se mencionan y que pueden ser escenarios de discriminación, cabe imaginar, asimismo, varias situaciones límites, que revelan el alcance de leyes como esas. Por ejemplo, hay 30 personas que se presentan a una entrevista de trabajo, y 15 son blancos heterosexuales, 10 son negros heterosexuales y 5 son homosexuales. Si yo escojo a un blanco heterosexual porque su hoja de vida es mejor, ¿eso sería discriminación? ¿Y qué tal si hay un “empate” entre tres hojas de vida, y una es de un negro heterosexual, otra es de un homosexual y la otra es de un blanco? Si yo contrato al blanco, simple y llanamente porque quiero contratar al blanco, ¿eso sería discriminación? Para nada: eso está protegido por el artículo 333 de la Carta Magna, que si bien dice que la empresa tiene una función social, igualmente establece que el Estado no podrá limitar arbitrariamente la iniciativa privada. Y, además de eso, el artículo 18 de la Constitución, que es un derecho fundamental, establece la libertad de conciencia, según la cual, “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

Es también preocupante que se impida el derecho de admisión a los negocios. Si una discoteca se reserva el ingreso de una persona es porque considera que es posible que le reste valor económico a su actividad económica, que pondría al empresario en una situación que le representaría graves costos económicos imprevistos, y que podrían hacer peligrar su negocio, causando su crisis y la pérdida de puestos de empleo. Y aunque esto no fuera así, el dueño del negocio al ejercer su derecho de admisión está sólo ejerciendo su derecho a la propiedad privada, que incluye inseparablemente el derecho de exclusión: de decir quién entra a mi propiedad y quién no. Impedirle ese derecho al dueño del negocio implica un atentado a la propiedad privada, es una negación de ella, porque su núcleo fundamental que es decir quién puede acceder a lo mío y quién no, se ve totalmente anulado.

La Constitución Política también establece, en su artículo 38, el derecho fundamental a la libre asociación. Libre asociación significa que las personas pueden reunirse y formar una organización social de manera libre y voluntaria, que puede tener ciertos estatutos que la distingan de otras; las personas que se unen a esa organización posteriormente desean cumplir y respetar esos estatutos, porque de lo contrario, lógicamente, no se unirían a la misma, ya que no están siendo obligadas a ello. Ahora bien, dichos estatutos pueden determinar la pertenencia o no de una persona, es decir, que la persona, para unirse, debe cumplir con ciertos requisitos. Uno de esos requisitos puede ser que sea de una religión determinada, o un sexo determinado, o de una raza determinada, o de una ideología política determinada; eso no es violatorio del derecho fundamental a la libre asociación, ya que no se está obligando a ninguna persona a dejar de ser lo que es o a dejar de practicar lo que practica para unirse a la organización: no se le está forzando. Si la persona no está de acuerdo o no quiere cumplir esos requisitos está en todo su derecho de formar una organización diferente, con los requisitos que ella prefiera, o de unirse a otra a la cual sí sea admitida. Forzar a una organización social a cambiar sus estatutos, simplemente para que no “discrimine”, es lesionar gravemente y fundamentalmente ese derecho fundamental a la libre asociación, porque entonces la asociación dejaría de ser libre, pues estaría sometida a un mandato arbitrario del Estado o a la voluntad caprichosa de una persona en particular. (Rockwell, Lew).

Es el mismo caso con las instituciones educativas privadas. En ellas se establecen estatutos, con los cuales los que aspiran a ingresar deben estar de acuerdo, porque de otro modo no se presentarían a ellos. Esos estatutos pueden, a su vez, reflejar cierta misión, y dentro de esa misión puede estar incluida una religión. Hay multitud de instituciones educativas privadas que tienen como uno de sus objetivos educar a una persona en la creencia o práctica de una determinada religión, que implica, por supuesto, considerar ciertas conductas como pecados. Esta ley estaría impidiendo a una institución educativa el determinar qué aspirantes pueden ingresar o no, y cuáles de los ya admitidos pueden seguir en ella. Pero eso es violatorio de los derechos de esa institución, porque para eso están establecidos unos reglamentos estudiantiles en esas instituciones, que señalan qué comportamientos son aceptables en ellas y cuáles determinan la no pertenencia a la misma, lo que puede dar lugar a la expulsión.

No se puede decir que en ese caso se esté vulnerando el derecho del otro a la recreación o al empleo, o a la educación, porque el particular que le niega el contratarlo o la entrada a su negocio o al centro educativo no le está impidiendo el derecho al trabajo, ni el derecho a la recreación ni a la educación. Le está diciendo simplemente que él no le va a dar trabajo o que no lo va a dejar entrar a su negocio, o a su institución educativa; no le está impidiendo que busque trabajo en otros lugares, ni que se divierta en otros lugares ni que busque realizar su derecho a la educación en otras instituciones. Eso hace parte del derecho a la exclusión, que es inherente al derecho de propiedad privada.

No es moral que se me obligue a mí a contratar a negros, indígenas, blancos, heterosexuales, homosexuales, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, capitalistas, comunistas, liberales, conservadores, etc: es decir, a nadie que yo no quiera contratar. Tampoco es moral que se me obligue a dejarlos entrar en mi casa, ni en mi negocio, o en mi centro educativo. No les estoy prohibiendo a ellos que puedan trabajar, ni estudiar, ni comprar, ni tener casa, o recrearse. Es una cuestión de igualdad y de respeto a las iguales libertades de todos.

No se puede obligar a nadie a contratar a quien no quiere, no se puede obligar a nadie a que deje entrar a su casa o negocio a quien no quiere. Lo contrario es una imposición estatal sobre la libertad de las personas, para aumentar el poder de los burócratas que dicen defender grupos minoritarios, y que ahora serán grupos privilegiados. Eso es socialismo/comunismo con un ropaje distinto.

El caso del despido ya está prescrito por la ley laboral, cuando esta habla del despido sin justa causa, así que se presenta una redundancia legislativa, es decir, una reiteración de una norma ya establecida de antemano sobre un mismo tema y en el mismo sentido. La agresión física igualmente ya está penalizada: la agresión no es grave porque se haga por motivos señalados por esa ley, es grave porque es una agresión, es decir un inicio de la violencia, una violencia que no se ejerce en legítima defensa.

‎Peligroso también es el tema del hostigamiento. El significado más apropiado que daría la RAE a este término en esta situación sería el segundo: “Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente”. Según uno de los representantes ponentes de esta ley, Carlos Baena, “si los chistes son todos los días se convierte en un hostigamiento”. ¿Es decir que yo no podría contar chistes sobre homosexuales, negros, judíos, blancos, protestantes, católicos, papistas, bogotanos, paisas, santandereanos, de una manera diaria? ¿Se van a prohibir los chistes diarios sobre grupos sociales? Esta intención parece ser la de aquellos que apoyan esa ley. Por ejemplo, Germán Rincón Perfetti, defensor de los derechos de las comunidades LGBT, dijo que “hay muchas maneras de discriminación desde lo cultural, entre las que se encuentran chistes cotidianos que siguen siendo racistas, excluyentes de las mujeres, los indígenas y las minorías.” Para él, además, “se necesitan campañas educativas y de concientización social acerca de la necesidad de erradicar estas prácticas.” ¿Desde cuándo contar chistes es considerado una “práctica”, y además “discriminatoria”? ¿Exactamente de qué manera se le está impidiendo a una persona en particular ejercer sus derechos a la salud, el trabajo, la libertad, a la recreación, etc, simplemente por contar chistes?

Para Perfetti, además, “se necesitan campañas educativas y de concientización social acerca de la necesidad de erradicar estas prácticas”, a lo que también hay que estar pendiente porque hay proyectos que buscan establecer en los centros educativos materias obligatorias que buscan promover que nadie debe pensar que pertenecer a la comunidad LGBT sea algo reprochable. Es decir, se busca no el respeto, la tolerancia, sino la aprobación de una forma de ser. Yo puedo respetar y tolerar a alguien, y no violarle ningún derecho, estando al mismo tiempo en desacuerdo con su posición. El movimiento LGBT (en el cual no se incluyen necesariamente todos los que tienen esas orientaciones sexuales) no distingue entre tolerancia y aprobación, entre respeto y estar de acuerdo con alguien. Por eso las exigencias que hace a veces son un atentado a la libertad de las otras personas, por ejemplo en el caso de las cátedras LGBT, porque impedir que los padres puedan decidir si su hijo puede ver o no una materia es una violación al derecho fundamental a la libertad de conciencia y al derecho que tienen los padres de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, establecido en el artículo 68 de la Constitución.

El problema con el hostigamiento es el mismo con la “discriminación”. Y peor aún, ya que se menciona el hostigamiento “sicológico”, que tampoco está definido en la ley qué es.

Esta legislación también se acerca peligrosamente a vulnerar de otras formas los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. Es posible que si una persona empieza a describir las diversas idiosincrasias de las regiones del país sea considerado un caso de discriminación, igualmente si critica al movimiento LGBT y expone su punto de vista acerca de porqué los homosexuales no deberían tener derecho al matrimonio ni a adoptar, o si se opone a algunas pretensiones del movimiento afrocolombiano.

Al entrometerse de manera tan violenta e incisiva en derechos que son fundamentales y que le permiten a una persona exponer sus puntos de vista, esta ley se constituye en un ejemplo de derecho penal de autor, que es el que castiga a una persona no por vulnerar un bien jurídico concreto, sino simplemente por exponer su punto de vista sobre un tema particular, pero que, por decisión estatal, es un punto de vista incorrecto, y que es inconveniente para el gobernante, o para quien pretende que el Estado se parcialice en su favor. A partir de esta ley, sería posible que si una persona critica las costumbres de un grupo étnico, o las tradiciones de una religión o las prácticas y el modo de vida de cierto sector de la comunidad LGBT, las políticas de un gobierno determinado, o incluso meras posiciones políticas, estaría ejerciendo discriminación. Todo eso estaría sujeto al libre arbitrio del fiscal y el juez que desee llevar el caso.

El derecho fundamental a la libertad de cultos también se vería lesionado en su esencia a la hora de aplicar una ley como esta. Es sabido que las religiones comparten entre sí la condena al homosexualismo, y consideran otras varias manifestaciones sexuales como pecados. Sobre esto los textos sacros son muy claros. Si a una persona se le impide predicar su religión, y que incluye el reproche del homosexualismo, se está lesionando ese derecho a la libertad de cultos, porque el poder estatal le estaría diciendo qué cosas puede y no puede decir, sin que esa prédica implique necesariamente un daño a la persona o al patrimonio de otro que puede sentirse ofendido. Leyes como estas han servido para iniciar una verdadera caza de brujas en muchos países contra los servidores de diversas religiones que predican lo que dice la palabra divina sobre el homosexualismo, sin que hayan lesionado la persona o el patrimonio de otros. (Mújica, Jorge Enrique).

Particularmente sensible es, además, que uno de los agravantes para aplicar la pena sea que “la conducta se ejerza a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva.” Ello podría implicar que no se puedan hacer críticas por ningún medio de comunicación, y especialmente por radio, televisión o internet, a los grupos afrocolombianos, al movimiento LGBT, a las religiones o incluso a partidos o ideologías políticas. Esta ley prescribe y faculta a la implantación de un silenciamiento por métodos legales, pero que de ningún modo, tal y como están puestos en la ley, pueden ser considerados ajustados a la Carta Magna, ni respetuosos de los derechos fundamentales.

Un absurdo que puede resultar de la aplicación de esta ley es que un fiscal y un juez, que pretendan llevar un caso determinado en el cual se pretenda la aplicación de la misma, también serían susceptibles de cometer ese delito de discriminación, porque la parte afectada podría invocar eso. Entonces otro juez y otro fiscal investigarían a ese juez o fiscal determinado por llevar a cabo conductas que “de algún modo menoscaben el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. Y así hasta el infinito. Como es posible que cualquiera en algún momento determinado sienta “menoscabados” sus derechos por esos motivos, entonces van a proliferar las denuncias y demandas, que es muy posible que no tengan un sustento en un bien jurídico vulnerado.

En suma, esta ley pretendería implantar, disimuladamente, un estado de esclavitud entre las personas. El artículo 17 de la Carta Magna, establece que “se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.” Como hemos mostrado en ste acápite, dicha ley violaría clara y fundamentalmente derechos que son caros a una sociedad libre y abierta. Si una persona no puede elegir con quién quiere mantener relaciones jurídicas se le está impidiendo un ejercicio innato e inviolable de su libertad, se le está diciendo que el Estado sabe más que ella qué es lo mejor para sí misma. En suma, le está privando de la posibilidad de desarrollar libremente su proyecto de vida, cuando este no lleva a la vulneración de bienes jurídicos claros y concretos, como la vida, la libertad y la propiedad. Cuando además esta ley dispone que una persona que cometiera cualquiera de las “conductas” descritas en ella perdería los derechos políticos, nos damos cuenta de que estamos volviendo y retrocediendo a una época de esclavitud, en la que se somete a las personas, se les priva de su personalidad, se les trata como inhumanos, como no-personas, como seres sin derechos, sin que ni siquiera hayan dañado clara y concretamente a los demás.

II. Atenta contra la igualdad de oportunidades buscando una dañina igualdad de resultados mediante la fuerza

Otro problema de esta ley es el relacionado con la disyuntiva entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Claramente la Constitución establece el derecho a la igualdad ante la ley como derecho fundamental: “Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”

Este principio de igualdad de oportunidades, que también es un derecho fundamental, está consagrado en otros artículos: 43, 53, 70, 75 y 334. El mismo artículo 13 establece que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, y que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Ahora bien, estas medidas no pueden contrariar a su vez derechos fundamentales, porque se estarían vulnerando derechos fundamentales para promover políticas públicas. No se estaría nivelando por lo alto, sino por lo bajo, porque haría que los que tienen un ejercicio pleno de sus derechos gracias a su propio esfuerzo se vean discriminados y rebajados, para hacer que el que está abajo ascienda. No es rebajando a los de arriba como se debe buscar la igualdad, sino permitiendo que los que están abajo puedan ascender libremente, sin vulnerar a su vez los derechos de otros, especialmente cuando se trata de derechos que son fundamentales. El Estado dentro de sus límites naturales y constitucionales debe promover políticas que recompensen el esfuerzo, que consagren lo merecido por el trabajo, pero no lo simplemente deseable. No se debe premiar una condición étnica, religiosa o sexual, sino la dedicación y la labor que lleva a una superación personal y a estar en una posición cada vez mejor. Se debe estimular el que las personas labren “su futuro confiando en sus posibilidades, en igualdad de oportunidades con el resto de sus semejantes.” (Molina, Pablo).

En cambio, la política de igualdad de resultados, una de cuyas formas es la llamada “discriminación positiva” o “acción afirmativa”, supone toda una serie de instrumentos, burocracias, actividad estatal, restricciones a las libertades individuales, proliferación y multiplicación normativa; es decir, elementos que implican una cada vez más profunda planeación de la vida económica, lo que, como ha sido demostrado constantemente por la historia, lleva a altas tasas de inflación, desempleo y pobreza. Una política igualdad de resultados será siempre contraria a la propiedad privada, a la libertad contractual, a la libre empresa y al desarrollo económico.

Sobre esto afirma Pablo Molina que “la denominada discriminación positiva no es más que la fórmula posmoderna para implantar las políticas igualitarias que defiende el socialismo. Al igual que cualquier otra medida coactiva que pretenda implantar un estado de igualdad entre los distintos miembros de un grupo social, es un grave ataque a la libertad del individuo; pero, sobre todo, es también un desprecio institucionalizado a las capacidades del ser humano, que, por esencia, tiende a la diversidad, no a una uniformidad impuesta por terceros. Al adjetivarla de ‘positiva’ se añade un componente moral, para evitar el rechazo intuitivo que esta forma de ingeniería social podría provocar en personas formadas. Sin embargo, sigue siendo una discriminación, y sus defensores no lo ocultan. Al menos, en eso son honestos.”

Un reportaje menciona que “al final del debate, el representante a la Cámara del Valle por el PIN, Jairo Hinestroza Sinisterra, agradeció al Congreso a nombre de la población afro. ‘Hoy es un día histórico para Colombia, y esperamos que todos los colombianos entiendan que, de no materializar lo que la Constitución pide, la justicia estará presta para obligarlos a que nos traten como merecemos’.” Aquí hay que hacer una aclaración. Una persona sí merece un trato justo, ahora bien, ¿qué es o en qué consiste ese trato justo? Pues bien, este consiste en respetar y hacer respetar los derechos de las personas. De igual modo, algunos de esos derechos no dependen solo de uno, sino que nacen de relaciones con los demás. Es posible que yo tenga derecho al trabajo o a la vivienda, pero a menos que exista una relación jurídica con otra persona, sea de derecho público o de derecho privado, no puedo exigir de nadie un determinado derecho al trabajo o a la vivienda. De resto, sólo se trataría de garantizar un derecho violando los derechos de los demás. Y eso es algo insostenible. Uno no tiene menos ni más derechos por identificarse con una etnia, minoría sexual, grupo religioso o ideología política, pues los derechos de las personas son derivados de las diversas relaciones jurídicas en que ellas se involucren. Todos somos iguales ante la ley, y establecer preferencias para unos por encima de otros es una vulneración clara de ese postulado. Sí a la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultado, que atenta contra la libertad.

Según Carlos Baena, "intentamos combatir el racismo a través de la cultura, pero no funcionó. Ahora que va a ser penalizado, la sociedad va a reaccionar y las condiciones de vida de nuestros afrocolombianos, van a cambiar. El papel afro es esencial en la realidad económica, social y política de nuestro país". Habrá que mostrarle al Honorable Representante que las políticas de discriminación positiva, como sucede en Estados Unidos, han probado ser bastante contraproducentes, pues, por ejemplo, se ha pasado el costo de la discriminación a los contribuyentes. Incluso han redundado en contra de aquellos que pretendían ayudar, como en el caso de las personas de raza negra, entre las cuales, tras la implantación de políticas de discriminación positiva, ha aumentado el desempleo, se ha vuelto más difícil construir una familia, y se han creado guetos de marginalidad (Williams, Walter E.; López Arias, Carmelo). Por si fuera poco, se ha terminado creando unas élites, gracias a favores estatales, dentro de los grupos discriminados, que impiden el avance y el progreso de la generalidad de esos grupos (Amaritriain, Alfonso Carlos).

Otro efecto perverso de esta ley es que es posible que termine instigando un recelo dentro de la sociedad, pues se va a pensar que las personas de las minorías van a estar en los cargos simplemente porque se tuvo que cumplir con la cuota, y se les puso en algún cargo por el mero hecho de ser como son, y no por habérselo merecido. “Las medidas de discriminación positiva no provocan otra cosa que un incremento del resentimiento social” (Molina). El riesgo de esto es que se llegue a una “racialización de las relaciones sociales”. “No sabemos a ciencia cierta cuánto pesa el color en nuestras relaciones sociales, pero si los altercados entre personas de distinta "raza" se vuelven susceptibles de judicializarse por ese motivo, dicho peso aumentará y estaremos retrocediendo. A menos, claro, que se busque definir a las personas por su color (…). Riesgo concomitante: fomentar la identidad racial en la mayoría de colombianos que no la sienten ni la necesitan. Si cada vez que interactúen con un afrocolombiano tienen que verlo por su color, por si acaso los acusan, terminarán autoidentificándose por oposición. ¿Queremos tal caldo de cultivo de división, que no conviene a nadie, y menos a los negros?” (Mera Villamizar).

Ese riesgo puede acentuarse hasta el punto triste del caso de Sri Lanka, cuya sociedad había vivido pacíficamente hasta que se empezaron a acentuar las diferencias raciales, para lo cual sirvió mucho la discriminación positiva. El resultado: el estalle de la guerra civil (Molina).

Esta ley provocará, también, un aumento en el tamaño del Estado, y no sólo eso, sino que comenzarán a abundar una serie de organizaciones sociales expertas en explotar el sufrimiento ajeno. Se crearán burocracias, y castas especialistas en tramitar asuntos relacionados con la “discriminación”. El aumento del capital estimulará a estas organizaciones, que buscarán cada vez más presas para explotarlas. Van a multiplicarse agentes caza-dolores, que olfatearán la más mínima pena o agravio que pueda sentir una persona para convertirla en un asunto estatal, de incumbencia pública.

La ley, pronto, empezará a privilegiar estas castas, y se consolidará una alianza entre la maquinaria estatal y corporaciones explotadoras del sufrimiento humano. Cada organización de esas empezará a inventar ofensas y delitos donde no los hay, y habrá una campaña de ultrasensibilización de asuntos que es mejor que sean resueltos por la sociedad de modo espontáneo y gradual, y no coactivo e inmediato.

Además, si decimos que las políticas estatales antidiscriminación han fallado, y que ahora es necesario pasar a penalizar la discriminación, bajo todas las formas que prescribe esta ley, eso sería una clara muestra de falta de imaginación, además de un claro sentimiento de inferioridad, porque sería como decir que somos tan incompetentes que no fuimos capaces de integrar debidamente a los afrocolombianos en la vida general del país.

III. Populismo punitivo y exacerbación del Derecho penal

No cabe duda de que este es, además, un proyecto populista, que responde a los intereses y a las promesas de Santos a la comunidad afrocolombiana, y cuando una ley tiene claras intenciones electorales, lo que sucede es que se deja de lado el debate de fondo. “Típico del populismo es no interesarse por los resultados” (Mera Villamizar).

Una nota de prensa reporta que “para el congresista afro, Jairo Hinestroza, el racismo es una enfermedad social ‘que nos impide el goce de los mismos derechos (…) se le mandó un mensaje importantes al país’, incluso pidió al Gobierno que nombre un ministro negro.” Pero tal y como lo relata Daniel Mera Villamizar, Santos había hecho un compromiso con los negros. Hinestroza no estaba pidiendo un ministro negro, estaba reclamando una promesa, le estaba recordando a Santos que debía cumplir y retribuir el favor político.

Lo que guió y expresa esta ley no es la política, es decir, la búsqueda sana del interés general, sino la politiquería, es decir, la utilización de medios para unos fines diferentes a los que debe servir. La ley debe buscar el interés general, y no recompensar favores políticos ni compromisos establecidos. De otro modo, la democracia sería, como dijo Hans-Hermann Hoppe, simplemente una maquinaria apta para que “los presidentes y los jefes de gobierno se alcen con sus magistraturas como consecuencia de su gran eficacia como demagogos moralmente desinhibidos.” Así, la democracia se convertiría en “el régimen que asegura que únicamente los tipos peligrosos lleguen arriba.”

Esta ley es populista, además, porque quiere mostrar a la sociedad que sí se está “haciendo algo”, que sí se está trabajando, que se están dando resultados. Es un eficientismo simbólico más que claro y real. Con eso se pretende decir que sí se están protegiendo a las minorías, que el Estado sí está haciendo algo por ellas, es como decir: “bueno, si se puso en marcha el más gravoso aparato del Estado es porque sí están interesados, porque sí están trabajando por el país.” Pero “cuando el problema se origina en prejuicios sociales o creencias atávicas, la cárcel debe ser el último recurso (o subsidiario), después de ensayar, consistentemente, fórmulas más afines con la naturaleza cultural del problema (en esta nación), incluyendo medidas administrativas y resarcitorias. En cambio de un compromiso con una política pública integral sobre discriminación, tenemos populismo punitivo” (Mera Villamizar).

Alfonso Prada, un representante por Bogotá, “advirtió que aunque él no es de color, le puso empeño a la iniciativa ‘porque si bien no soy negro, sí tengo la sangre de mis antepasados indígenas y negros de Colombia’.” ¿Más populismo para dónde?

Uno de los logros de la Ilustración en el terreno del Derecho público, fue establecer el principio de la ultima ratio del Derecho penal. El derecho de castigar, para ser eficiente, moral y respetuoso de las libertades humanas, debe ser utilizado como último recurso, como ultima ratio, es decir, cuando todos los otros mecanismos sociales y estatales para resolver un asunto de importancia social han fallado. Además de considerar si las medidas antidiscriminación que pretende establecer esta ley terminan vulnerando principios caros a una sociedad libre, hay que tener presente también que el derecho penal se ha mostrado como un medio bastante ineficiente a la hora de resolver injusticias sociales. El derecho penal cuando se expande y llega a cubrir muchos aspectos de la sociedad se torna opresor e impide el progreso natural y normal de una determinada sociedad (Beccaria, Cesar; Ferrajoli, Luigi; Foucault, Michel).

Como dice un usuario en un comentario a una nota de prensa, una persona tiene todo el derecho, “en una sociedad libre y democrática, de elegir o seleccionar las personas que le gustan o no y la posibilidad de escoger entre las opciones que le son más afínes, cualquiera que sea la razón.” Esta persona da más muestras de tener sentido común (más que los legisladores autores de ese adefesio) cuando afirma que “las leyes tienen es que prevenir que al que no le guste a alguien no lo asesinen ni lo ultrajen por ese hecho”. Ahí está el límite del derecho penal: proteger bienes jurídicos concretos, de los cuales los más sagrados son la vida, la libertad y la hacienda (Locke). Cuando el derecho penal empieza a regular bienes jurídicos tan difusos y en verdad inexistentes como “el derecho a no sentirse ofendido” empieza la arbitrariedad y el ataque a la libertad.

IV. Presupone una tiranía: la del auxilio, de la cual se pasa a la tiranía por el bien de sus víctimas

Otro elemento ideológico que está detrás de esta ley es lo que uno podría llamar la tiranía del auxilio, utilizando el término acuñado por Pessoa en los años 20, en su obra El banquero anarquista: “Auxiliar a alguien es considerarlo incapaz; y si no lo es, es suponerlo o convertirlo en tal. En el primer caso se trata de desprecio, y en el segundo de tiranía. De todas maneras, o bien se cercena la libertad ajena, o bien se parte del principio cuando menos inconscientemente, de que ese sujeto es despreciable e indigno o incapaz de libertad.”

Según la ley y el actuar de los ponentes, de no ser por ellos, y por esa ayuda que le van a hacer a los diversos grupos minoritarios, estos no podrían ascender en la escala social. Es decir, los presupone como incapaces, los trata como inferiores, es como si se les estuviera diciendo: “Por siglos has estado sometido, pero tranquilo, gracias a mí ya no lo estarás más.” Es sostener que si no fuera por esa élite que manda, que son blancos (nada más ver los ponentes de la ley), los negros y otras minorías, no podrían conseguir un nivel de vida cada vez mejor. También es decir que las minorías oprimidas no podrían salir de su estado sino de la forma como los tiranos auxiliadores lo indican, que la forma como podrán llegar a una mejor situación es solo siguiendo los preceptos de esa élite “bondadosa y amable”. Esta ley lleva a pensar que hay unos miserables que necesitan que les den todo porque no son capaces ellos mismos. “En última instancia, beneficiar artificialmente a los miembros de una etnia significa que no se confía en que sean capaces de prosperar por sí mismos, a poco que se les den las mismas oportunidades de formación que al resto de la población. Y eso sí que es racismo.” (Molina).

Lo anterior no quiere decir que lo que toda persona debe hacer es no ayudar a nadie, y ser un egoísta para sí mismo. Cada persona tiene el derecho de ayudar y auxiliar al que esté de acuerdo con recibir esa ayuda. Pero esa ayuda debe ser siempre voluntaria, la solidaridad no se puede imponer, porque deja de emanar de la libertad personal, y es tan sólo una forma de exorcizar las faltas de unos en otros. La solidaridad se debe manifestar como una inclinación voluntaria, un altruismo espontáneo; y no debe ser regulada ni obligada por la ley, porque deja de ser lo que es y se convierte en un impuesto en especie.

De esta tiranía del auxilio es muy fácil pasar a la tiranía por el bien de sus víctimas, que fue descrita por C. S. Lewis:

“De todas las tiranías, la que se ejerce por el bien de sus víctimas es tal vez la más opresora. Tal vez sea mejor vivir bajo el dominio de señores ladrones que bajo el de entrometidos moralistas omnipotentes. La crueldad del señor ladrón puede algunas veces quedarse dormida, su codicia puede en algún punto saciarse; pero los que nos atormentan por nuestro propio bien lo harán infinitamente, porque lo hacen con la aprobación de su propia conciencia. Puede que lleguen más fácil al Cielo, pero también pueden hacer más fácil de la tierra un Infierno. Su propia amabilidad hiere con un insulto intolerable. Estar “curado” contra su propia voluntad. y curado de estados que es posible que no consideremos como enfermedades. Es ser puesto al nivel de los que no han alcanzado la edad de la razón, o que nunca la alcanzarán; estar clasificado con infantes, imbéciles y animales domésticos.”

Alan Kors también ratifica esta opinión, cuando, criticando las medidas que se toman en las universidades estadounidenses tendientes a sensibilizar la percepción de una minoría, dice que al hacer esto se está afirmando implícitamente: “Eres muy débil como para vivir en la libertad. Eres muy débil para vivir con la primera enmienda”, que establece, entre otros, el derecho a la libertad de expresión. Y, continúa Kors, “si te dicen que eres muy débil como para vivir en libertad entonces te han convertido en un niño.”

FUENTES

Amaritriain, Alfonso Carlos

-'La discriminación positiva', por Thomas Sowell

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=7332&id_seccion=13

Baena, Carlos, Honorable Representante

-Sobre los efectos de esta ley para las universidades

http://www.youtube.com/watch?v=_5TjxZZpYVk&feature=player_embedded

Beccaria, Cesar

-De los delitos y de las penas, México, F.C.E., 2000

Ferrajoli, Luigi

-Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995

Foucault, Michel

-Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976

Hoppe, Hans-Hermann

-Monarquía, democracia y orden natural

http://mises.org/Community/blogs/rodrigodiaz/archive/2008/05/20/monarqu-237-a-democracia-y-orden-natural.aspx

Kors, Alan

-En el programa “Bullshit”, de Penn & Teller, 3-06, “College”

http://www.youtube.com/watch?v=23H1O7OaN24

Lewis, C. S.
-C.S. Lewis on Tyranny “for the Good” of Its Victims

http://blog.independent.org/2009/01/29/tyranny-for-the-good-of-its-victims/

López-Arias, Carmelo

-Golpe demoledor al intervencionismo y a la "discriminación positiva"

http://www.elsemanaldigital.com/golpe-demoledor-al-intervencionismo-y-a-la-discriminacion-positiva-88377.htm

Mera Villamizar, Daniel

-Critican proyecto contra discriminación de raza, orientación y género

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10072884.html
-Santos y los negros

http://www.elespectador.com/columna-226093-santos-y-los-negros

Molina, Pablo

-¿Por qué lo llaman discriminación positiva?

http://www.ilustracionliberal.com/31/por-que-lo-llaman-discriminacion-positiva-pablo-molina.html

Mújica, Jorge Enrique

-El homosexualismo político: prohibido pensar distinto

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=17820

Pessoa, Fernando

-El banquero anarquista, Valencia, Pre-Textos, 2005

Rockwell, Lew

-The Right to Exclude

http://www.wnd.com/index.php/index.php?pageId=6815

-El derecho de admisión

http://kat-echonxx.blogspot.com/2011/09/el-derecho-de-admision.html

-Freedom of Association

http://www.lewrockwell.com/rockwell/freedom-of-association145.html

-Libertad de asociación

http://mises.org/Community/blogs/euribe/archive/2010/06/03/libertad-de-asociaci-243-n.aspx

Williams, Walter E.

-Race and economics

http://lewrockwell.com/williams-w/w-williams95.1.html

Notas de prensa

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-295638-entre-uno-y-tres-anos-de-carcel-recibiran-de-castigo-los-racista

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10258964.html

http://www.eltiempo.com/politica/conciliacion-del-proyecto-antirracismo_10282870-4

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/8-2011-actos-de-discriminaci%C3%B3n-se-pagar%C3%A1n-con-c%C3%A1rcel.html

http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=article&id=20808:ademas-de-la-ley-contra-discriminacion-se-necesitan-campanas-de-concientizacion-social&catid=1:noticias

http://noticias.terra.com.co/nacional/actos-racistas-se-castigaran-con-perdida-del-voto-y-carcel,838315af4dc12310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/12823-penalizaran-actos-de-discriminacion-en-colombia

http://www.elnuevoherald.com/2011/08/30/1014725/colombia-penaliza-diferentes-tipos.html#ixzz1Wk7X0Ode

El derecho de admisión

2011-09-01T02:36:00.001-05:00

Llewellyn H. Rockwell Jr.

Traducción por Miguel Alberto Arias y Jaime Luis Zapata

El presente artículo fue escrito por el gran libertariano Lew Rockwell en 1999 como respuesta a un ataque a la libertad perpetrado por la Corte Suprema de New Jersey, por el cual se le obligaba a los Boy Scouts aceptar en sus filas e incluso como líderes a personas homosexuales. Es un artículo muy a propósito de la nueva ley antidiscriminación, que pretende vulnerar libertades y derechos fundamentales, cuyo mantenimiento es clave para que una sociedad se mantenga libre y en las sendas del progreso y el mejoramiento social.
________________________

La Corte Suprema de New Jersey dijo que los Boy Scouts deben aceptar gays incluso como líderes. La teoría es q los gays deben tener las mismas oportunidades de unirse a la organización como cualquier otra persona. Pero esta teoría se contradice con una sociedad libre.

La palabra libertad evoca una visión de un sinfín de oportunidades y elecciones. Pero la libertad también se refiere al derecho a excluir cuando los propietarios deciden cuestiones de acceso a la propiedad. No hay derecho de irrumpir en una cena privada, por ejemplo. Los propietarios de la casa tienen el derecho de invitar o no por cualquier razón. De igual modoi, no hay derecho a invadir una organización privada.

No obstante, el derecho a excluir ha estado bajo ataque en el derecho americano por décadas. La Corte Suprema de New jersey definió a los Boy Scouts como “servicio público”, y así los sujetó a la ley anti-discriminación de New Jersey, la cual especialmente protege a los gays. Nótese que no hay nada que los Boy Scouts pudieran haber hecho para evitar esta designación especial, aparte de cerrar la empresa.

Pero la designación significa que el gobierno decide quién puede o no ser admitido, lo cual no es diferente de que el propietario de una casa sea forzado a recibir refugiados de Kosovo o invitar a la cena a algún otro grupo político favorecido.

Los tribunales podrían responder que los Boy Scouts sirven al “público”, mientras que un dueño de casa se sirve a sí mismo. Pero no hay tal cosa como lo “publico” por sí mismo. Hoteles y restaurantes no ofrecen servicios indiscriminadamemente. Ellos expulsan a la gente cuando está lleno, por ejemplo, o excluyen a las personas por su vestuario o porque están tomadas.

En este tema, la cuestión de quién debe ser servido (por un restaurante, centro comercial, subdivisión, o cualquier otra cosa) es una cuestión que debe ser decidida por los propietarios. Pero al permitir unas decisiones y otras no, el gobierno está ejerciendo un poder arbitrario.

El abogado de la defensa estaba exactamente en lo correcto. “Este es un caso acerca de si los Boys Scouts, como una organización voluntaria y privada, tiene el derecho a establecer criterios para su membresía y para su liderazgo” En una sociedad libre, a los que no les gustan las reglas puede iniciar otro grupo, pero nadie puede forzar su entrada de esa forma.

La libertad, por supuesto, fue lo último que se les pasó por la cabeza a los jueces. “La triste verdad es que los grupos e individuos excluidos se les ha impedido la plena participación en la vida social, económica y política de nuestro país. El precio humano de esta intolerancia ha sido enorme. Adherirse a los principios de igualdad exige que nuestro sistema legal proteja a la víctima de la discriminación odiosa.”

Aquí, en pocas palabras, está la base sobre la cual la libertad y la propiedad se ven socavados en los Estados Unidos todos los días. Victimización: si un grupo puede alegar que está siendo atacado por un supuesto prejuicio burgués puede obtener privilegios especiales garantizados por el gobierno. Igualdad: una noción más aplicable a la aritmética que a los seres humanos, ahora aplicada tan expansivamente que anula todas las otras consideraciones de la vida. Discriminación: una palabra que alguna vez significó buen juicio, ahora tan distorsionada que se ha convertido en un pecado.

¿Qué pasa si los Boy Scouts habían decidido excluir, por ejemplo, los racistas, como maestros Scout? ¿Habrían intervenido los tribunales en defensa del derecho de un miembro del Ku Klux Klan a unirse? Jamás. Esta no es una aplicación igual de la ley, sino una que favorece a grupos de interés aprobados por el gobierno. Por esto, la inclinación es más bien la defensa de los motivos religiosos y morales por los que los Boy Scouts excluyen a los homosexuales.

Pero el que si los líderes gay son compatibles con los valores familiares no es la cuestión fundamental, sino si una organización privada tiene el derecho de establecer sus propias normas de membresía. Estas reglas pueden o no ajustarse a las normas sociales. Pero en una sociedad libre, los Paganos de Manhattan tienen tanto derecho a excluir a los cristianos como los Bebedores de cerveza de Milwaukee de excluir a los abstemios.

La alternativa al derecho de exclusión, como lo sostuvo el abogado de los Boys Scout, es el “estado total”. Bajo ese sistema, a nadie se le permite un espacio en el que el estado no pueda entrar. Irónicamente, los grupos gays –que desde hace tiempo han exigido el derecho a la intimidad en la alcoba- ahora buscan que el gobierno tumbe las puertas de cualquier espacio privado que no los reciba.

Cuál es el precedente de esta ruptura de los derechos de propiedad? En 1948, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisó el problema de los contratos restrictivos que excluían por motivos de raza. Los jueces ordenaron a los estados, en Shelley vs Kraemer, no aplicar esos contratos, ya que supuestamente los haría parte en un litigio, siendo contrario al debido proceso.

Esa fue la primera bola de nieve de una avalancha. Si los contratos voluntarios pueden dejar de aplicarse sólo porque a los jueces no les gustan entonces no existe el derecho de propiedad, ni el derecho a la libre asociación ni el derecho a la libertad contractual.

Téngase en cuenta las palabras que impulsaron otro caso hito: el gobierno no podrá “limitar ni restringir, directa o indirectamente, el derecho de alguna persona, que quiera o desea vender, poner en usufructo o arrendar alguna parte o toda su propiedad real, a declinar la venta, usufructo o arrendamiento de tal propiedad a tal persona o personas, que en su absoluta discreción elija.”

Perfectamente acorde a las estructuras de una sociedad libre, ¿no es así? John Locke o Thomas Jefferson sólo pudieran haber aplaudido. Las palabras son de una enmienda de 1964 a la constitución de California, que pasó por referendo 2 a 1. Pero en 1967 la Corte Suprema de Estados Unidos derogó esa enmienda –con las mismas razones con que la Corte de New Jersey falló en contra de los Boy Scouts.

Desde entonces, el derecho de libre asociación ha experimentado muchos golpes, desde la Ley de derechos civiles de 1964, que definía cualquier empresa de negocio como un servicio público (prestado por particulares y controlado por el gobierno), hasta esta decisión de New Jersey. Si un grupo es lo bastante poderoso, puede tener a los tiranos de traje negro pasando por encima del derecho de propiedad de cualquiera.

Esto lleva a algunas situaciones peculiares. Las escuelas sólo para niños son atacadas por discriminación, pero las escuelas sólo para niñas son acordes con las necesidades de la diversidad. Los clubs sólo para blancos están prohibidos, pero los clubs sólo para negros son un reflejo saludable de orgullo racial. Las escuelas sólo para cristianos son depósitos de fanatismo, pero las escuelas sólo para ateos son esenciales para el pluralismo.

Es aún más peculiar la noción de servicio público prestado por particulares. Un rezago desafortunado del common law inglés. Pero es una designación completamente arbitraria. Toda propiedad es de alguien. O es de individuos privados o es del gobierno. El punto es que el dueño está en el control.

Pero con el derecho de servicio público prestado por particulares tenemos una tercera categoría: propiedad privada controlada por el gobierno. La frase por sí misma resulta chocante a los ojos de un régimen jurídico de una sociedad libre. Esta práctica también vulnera la 13° enmienda, ya que los dueños y los empleados están obligados a servir a aquéllos que no desean servir.

Por esto los libertarianos deben buscar hacer más que simplemente reversar el más reciente ataque a los Boy Scouts. Deben buscar deshacer la larga historia jurídica de intervención gubernamental en asuntos privados que hicieron inevitable el caso de los Boy Scouts.

______________

El artículo original se encuentra aquí:

http://mises.org/daily/282

Oro, dinero, inflación y crisis. Según un aficionado.

2011-08-20T18:06:00.001-05:00

Tuve una conversación con una de mis hermanas, a raíz de un giro que me iba a hacer, y creo que vale la pena poner aquí lo que yo pensé. No soy un experto en economía, sólo un aficionado, estoy abierto a la crítica y a la complementación.

Los dólares no valen nada. No van a valer nada. Hubo una época en que el dinero estaba respaldado en oro que guardaban los bancos. Después hubo una reforma, y ahora el dinero no está respaldado por algo real, sino por pura fe de la gente. En el momento que esa fe se caiga el dólar se cae, por eso a cada rato hay crisis desde eso. Es igual con los pesos, o con cualquier moneda que no tenga respaldo real. Lo que te recomiendo es que de lo que ganas cojas un 10% y con eso compres oro o plata, porque el oro y la plata, sobre todo el oro, siempre están subiendo, o bajando según el caso, porque son algo real, que existe, y están sometidos a las leyes del mercado. En cambio el dinero vale lo que decide un banco central, y eso es arbitrario. Va en contra de una economía natural establecer los precios de modo arbitrario. Y eso causa inflación.

Entonces se hacen las crisis y los bancos centrales dan rescates económicos, pero a sus aliados, a las corporaciones grandes, a los grandes bancos; es decir, a los mismos que ocasionaron la crisis por su actuar irresponsable. Algo que atenta contra un libre mercado en el que actúan personas responsables. Eso es como un cartel, pero protegido por el estado; es una mafia legal. Entonces les llega ese rescate a las grandes corporaciones y los grandes bancos; con eso ellos pueden entrar a la economía antes que los demás. Y luego cuando los demás entran (los trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes, etc), ya han subido los precios de los bienes, entonces eso hace que cada vez más haya unos más ricos y otros más pobres, que haya muy poquita gente más rica, y mucha gente más pobre. La inflación la chupan los más pobres.

Yo voy a coger esa plata que me vas a mandar para comprar oro, así si pasa una crisis voy a tener cómo salir, no voy a estar tan mal por lo menos.

Eso fue lo que pasó en Alemania y en EEUU, y en muchos otros grandes y pequeños países cuando la crisis de 1929. Antes, en Alemania, en noviembre de 1923, una pieza de pan llegó a costar 200,000,000,000 de marcos, en parte también debido a las "reparaciones" (más bien tributos) a las que fue obligada Alemania a pagar por tener supuestamente "la culpa exclusiva" de la IGM.

¿Qué hizo Hitler? Hitler se le paró a esos mafiosos, combatió ese cartel, y de una tasa de desempleo en 1932 del 20%, pasó a menos del 1% en 1938. En cambio en EEUU siguieron con ese cartel en la misma época, y empezaron a hacer lo que hacen los gobiernos hoy día, a hacer rescates a grandes corporaciones y a grandes bancos, y desde 1930 hasta ya entrada la década de 1940 el desempleo nunca bajó del 16%, llegando incluso al 24%.

Por eso, entre otras cosas, se hizo la guerra contra Alemania, porque los mafiosos ya no estaban pasando tan bueno, porque Hitler les acabó la guachafita.

Todo esto hace parte de lo que George Orwell denominó "colectivismo oligárquico", sobre el cual advirtió finalizando la década del 40, en su gran obra 1984.

Su postura no queda muy clara

2011-07-24T02:10:00.002-05:00

-Su postura no queda muy clara. O bueno, queda clara en un sentido demasiado vago.

-A nosotros no nos interesa ser claros.

-Ah ya. ¿Nosotros son quiénes?

-Los reaccionarios.

-Ah, ¿no les interesa ser claros significa que no van por el camino de la razón?

-La razón no es la única forma del conocimiento.

-¿Pero eso no convierte a la irracionalidad en una forma del conocimiento?

-Exacto.

Reminiscensias

2011-07-20T01:41:00.002-05:00

Todos los pueblos hablan,

en sus escrituras inmemoriales,

de una tierra ya perdida,

no mencionada en los anales.

Más que una tierra, un lugar,

y, más que un lugar,

un centro espiritual.

A él llegaban el Norte y el Sur,

y el Occidente y el Oriente,

era el salón de la Virtud,

do la justicia ondeaba flamante.

Libertad y orden vinculados,

corrupciones e intereses alejados,

la tarea cada cual colmaba

y el deber era impoluto,

cuando el amor creaba.

Asgaard, la Atlántida o Thulé,

El Dorado o el Paraíso Terrenal,

nombres que se ha querido poner

para lo que no tiene tiempo ni señal.

No podrá recordarla el hombre moderno,

no le importará el llamado de lo eterno;

le han contado ciencia y política

que se ha terminado la metafísica.

Lástima das hombre moderno, piensas que eres feliz;

eres como el ciego que no sabe que está ciego.

Sabe que de la eternidad no serás aprendiz,

-te aseguro: de la tradición no te llegará el eco.

No logras ver los cataclismos

por encima de tu aparente calma.

Te compadezco hombre moderno,

te has pegado un balazo en el alma.

La defensa del orden social

2011-07-16T05:12:00.000-05:00

Existe un orden social, al cual llegarás a reconocer si evitas que los sofismas hedonistas y utilitarios obnubilen totalmente tu capacidad de razonamiento. Los elementos de ese orden son la fe, la jerarquía, la cultura, la vida, la libertad, la propiedad y la personalidad. Estos elementos no son independientes unos de otros, sino que se integran, se llaman entre ellos.

En este sentido, por ejemplo, si quieres defender la cultura, debes defender la libertad; si quieres defender la libertad, debes defender la propiedad. Ahora bien, la propiedad y la libertad deben defenderse en cuanto esferas dentro de las cuales, como si fuesen un escudo antiposmoderno, se desarrolla la personalidad. Tu defensa implícita de la personalidad lleva a que te des cuenta que, ciertamente, existen seres humanos superiores a otros en determinados campos de acción, lo que te conduce a la idea de que existe y debe existir una jerarquía, no de dos castas o niveles, sino de varios, para que todos tengan oportunidad de desarrollar su potencial dentro del nivel correspondiente. La aspiración a que cada uno se desarrolle en su personalidad, dentro de la libertad y la propiedad, tiene implícita, asimismo, una defensa de la vida, y un odio acérrimo por el homicidio. Una vez te des cuenta de la forma como bailan entre ellos tales principios, formando círculos unas veces concéntricos, otras enlazados, pero nunca desunidos, entenderás mejor que un orden como ese no puede ser solamente humano, ni creación o invención de unos seres infelices y resentidos con afán de despotismo. El déspota dice que la sociedad es creación o invención del hombre, y así no se sujeta a la voluntad divina ni a las lealtades naturales que nacen en el cuerpo social, de manera independiente a cualquier mandato exógeno.

Tu defensa de ese orden ondulante y juguetón podrá ser llamada violenta, e incluso inhumana. Pero esos títulos son creados precisamente por aquellos que, reconociendo y dándose cuenta de ese orden, pretenden deliberadamente destruirlo. Lo que haces, pues, al luchar contra los adalides de la destrucción de la civilización, del ateísmo recalcitrante, de la esclavitud, del homicidio, del robo, de la igualdad y de la homogeneización, no es puro crimen, ni es maldad; es una violencia puesta al servicio del orden. ¿Quién dijo que la cultura no tiene derecho a tener dientes? No te avergüences de estar dispuesto a aplastar violentamente a la maldad destructora. No sólo tu vida, sino la del pasado, así como la del futuro, están en juego. No puedes quedarte estupefacto mientras ves cómo lo que ha hecho que existas sea destruido inmisericordemente por aquellos que se hacen pasar como abogados de la misericordia. Apóyate en tu pasado para luchar en el presente por la existencia de un futuro, un futuro de libertad, vida, propiedad, cultura, jerarquía, fe y personalidad. Defiende para que en el futuro el orden no perezca. La lucha contra el desorden es un acto de legítima defensa.

Carl Schmitt. ''Nomos''.

2011-05-23T00:05:00.000-05:00

Nomos, en cambio, procede de nemein, una palabra que significa tanto ''dividir como también ''apacentar''. El nomos es, por lo tanto, la forma inmediata en la que se hace visible, en cuanto al espacio, la ordenación política y social de un pueblo, la primera medición y partición de los campos de pastoreo, o sea la toma de la tierra y la ordenación concreta que es inherente a ella y se deriva de ella; en las palabras de Kant: "la ley divisoria de lo mío y lo tuyo del suelo", o en la fórmula inglesa que es una puntualización adecuata: el "radical title". Nomos es la medida que distribuye y divide el suelo del mundo en una ordenación determinada, y, en virtud de ello, representa la forma de la ordenación política, social y religiosa. Medida, ordenación y forma constituyen aquí una unidad espacial concreta. En la toma de la tierra, en la fundación de una ciudad o de una colonia se revela el nomos con el que una estirpe o un grupo o un pueblo se hace sedentario, es decir se establece históricamente y convierte a un trozo de tierra en el campo de fuerzas de una ordenación. (...)Sobre todo puede considerarse el nomos como una muralla, puesto que también la muralla está basada en asentamientos sagrados. El nomos puede crecer y multiplicarse como la tierra y la propiedad: de un sólo nomos divino se "nutren" todos los nomoi humanos. Una palabra como "nomocracia" también tiene sentido, mientras que apenas se habla de una "nomarquia". Imágenes como "muralla" o "nutrición" no son más acientíficas que la imagen de la "fuente" del Derecho, que era habitual precisamente en los positivistas jurídicos del siglo XIX y que Savigny todavía tomaba en serio, pero que ha quedado desvalorizada hasta convertirse en mera metáfora. Ciertamente es significativo que nomos también puede tener el sentido de una sucesión de tonos, o sea un orden musical. Pero ante todas estas imágenes distintas, hemos de tener en cuenta, con respecto a nuestro contexto jurídico-histórico, que esta palabra no debe perder su vinculación son un acontecimiento histórico, con un acto constitutivo de ordenación del espacio.

Extracto de su libro ''El nomos de la tierra en el derecho de gentes del 'ius publicum europaeum'''. Buenos Aires, Struhart, 2005, pp. 52-3.

Las características de la propaganda (adoctrinamiento)

2011-05-17T15:35:00.002-05:00

La gran habilidad de los dirigentes, en el mundo moderno, es hacer creer al pueblo que se gobierna a sí mismo; y el pueblo se deja persuadir de ello tanto más voluntariamente cuanto más halagado se siente por eso y cuanto más incapaz es de reflexionar lo bastante para ver lo imposible que es eso. Es para crear esta ilusión por lo que se ha inventado el «sufragio universal». Es la opinión de la mayoría lo que se supone que hace la ley; pero aquello de lo que nadie se da cuenta, es de que la opinión es algo que se puede dirigir y modificar muy fácilmente; con la ayuda de sugestiones apropiadas, siempre se pueden provocar en ella corrientes que vayan en tal o cual sentido determinado; no sabemos tampoco quién ha hablado de «fabricar la opinión», y esta expresión es completamente justa, aunque sea menester decir, por lo demás, que no son siempre los dirigentes aparentes quienes tienen en realidad a su disposición los medios necesarios para obtener este resultado.

René Guénon.

Una de las herramientas más poderosas del sistema para mantener las cosas bajo control es la propaganda, que también puede conocerse como adoctrinamiento, si bien éste último se da más en las instituciones educativas, mientras que la primera se da a un nivel más abierto y público y se manifiesta en los medios masivos de comunicación y en la industria del entretenimiento (música, programas de televisión, películas, etc.), pero también en el ámbito artístico, en los libros, etc. Aquí pretendo mencionar algunas de las características de lo que constituye la propaganda. Esto nos servirá para hacernos conscientes de su funcionamiento, y así poder defendernos de un modo más activo. Igualmente, al final, menciono cuál es el objetivo de la propaganda y el adoctrinamiento.

1. Primero hay que asegurar el control de todos los medios informativos, esto es, de todos los medios por los que se pueda transmitir un único mensaje. Radio, televisión, películas, industria discográfica. Esto implica utilizar el arte como herramienta: música, danza, teatro, pintura.

2. Repetir el mismo mensaje una y otra vez, hacer que sea unívoco entre los diferentes medios.

3. Pueden utilizarse varios canales para transmitir el mismo mensaje. Así se dará la apariencia de que hay libertad de expresión, o de que se está patrocinando el arte.

4. Ignorar todos los mensajes alternativos al mensaje oficial, no reproducirlos.

5. Establecer la censura, pero de un modo silencioso que no se haga notar públicamente, antes de que el mensaje alternativo llegue a un número considerable de personas.

6. Darle al mensaje oficial una aureola de santidad, promoverlo como una causa justa y bienhechora.

7. Esto hace que, si en determinado momento, el mensaje alternativo llega a alcanzar cierto número de personas (o ''usuarios'') sea considerado o parezca inmoral. Entonces se puede utilizar el sofisma de la la reductio ad hitlerum, que es la versión mejorada del sofisma de la reductio ad hominem, consistente en señalar al portador del mensaje diferente como un ente malévolo.

8. También es importante hacer llegar al público el mensaje de forma masiva y abrumadora, antes de que aparezcan otras versiones. Esto se conoce como golpe de opinión.

9. De igual modo, es conveniente no decir explícitamente cuál va a ser la tesis incontrovertible a la cual deban doblegarse todas las opiniones. Lo mejor es dejarla implícita y que sean los críticos quienes la expresen. Esto es para mantener los verdaderos intereses velados y ocultos.

Propaganda y censura trabajan a un mismo tiempo, en diferente sentido, pero sirven al mismo fin: monopolizar la información, controlar la opinión. La censura es el lado reverso de la propaganda. El objetivo es que sólo sea conocida una versión de un determinado suceso o de un determinado fenómeno, y que se repita hasta obtener el status de dogma, de verdad incuestionable, hasta el punto de hacer que el que la critique sea considerado un sujeto inmoral.

Ernesto "Che" Guevara, Karl Marx y Friedrich Engels eran racistas.

2011-01-04T23:38:00.002-05:00

‎1. Ernesto "Che" Guevara
"Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo: el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente; el negro indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en 'pegar unos palos' (emborracharse), el europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales.”

"Los mexicanos son una banda de indios iletrados."

"El primer golpeado fue el alcalde, un tal Cohén, de quien nos habían dicho que era judío pero buen tipo; que era judío no cabía duda, lo problemático es que fuera buen tipo."

Ernesto "Che" Guevara
Diarios en Motocicleta: Notas de un Viaje por America Latina, (Ocean Press, 2003)

2. Friedrich Engels
"El negro está un grado más cerca al resto del reino animal"
"Hemos sido testigos de la conquista de México, y nos hemos alegrado. Es en interés del propio México que quede bajo la tutela de Estados Unidos".

3. Karl Marx
"En cuanto a la esclavitud, no es necesario que hable de sus malos aspectos. Lo único que necesita explicación es el lado bueno de la esclavitud. No me refiero a la esclavitud indirecta, la esclavitud del proletariado; me refiero a la esclavitud directa, la esclavitud de los negros en Surinam, en Brazil, en la regiones del Sur de Norteamérica"

"Para mí está completamente claro ahora, como lo prueban la forma de su cráneo y su pelo, que desciende de los negros de Egipto, suponiendo que su madre o su abuela no se mezclaran con la negrada. Esta unión de judaísmo y germanismo sobre una base negra tiene que producir un producto peculiar. La protuberancia del colega es, asimismo, la propia de la negrada".

Marx escribió acerca de la anexión de California por parte de EEUU, luego de la guerra que enfrentó a este país con México:
"Sin violencia jamás se ha conseguido algo en la historia".
Y a continuación se preguntaba:
"¿Es una desgracia que la espléndida California fuera arrebatada a los vagos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella?".

Fuentes:
http://hannibal-ad-portas.blogspot.com/2009/10/acabando-con-un-mito-che-guevara-el.html

http://findesemana.libertaddigital.com/marx-engels-y-otros-racistas-
formidables-1276231999.html

http://www.stormfront.org/forum/t557585/

Gandhi también:
http://layijadeneurabia.com/2010/05/17/coleccion-de-citas-racistas-de-marx-engles-bakunin-el-che-y-ghandi/

Neon Genesis Evangelion. Un pequeño diálogo sobre la democracia y la ciencia.

2010-12-29T12:35:00.000-05:00

En estos días he estado viendo esta importante serie nipona. En el capítulo 11 me topé con el siguiente diálogo.

-Akagi: Muy pronto habrá elecciones para el Concejo de la ciudad, ¿cierto?

-Fuyutsuki: El Concejo de la ciudad es sólo una pantalla. Todos saben que MAGI toma las decisiones administrativas.

-Subalterna: ¿MAGI? ¿Nuestras tres supercomputadoras, señor?

-Fuyutsuki: Las tres máquinas votan y gana la mayoría. El sistema de decisión está basado en los principios de la democracia.

-Subalterna: ¿Entonces el Concejo sólo acepta las decisiones?

-Fuyutsuki: Hasta ahora ha demostrado ser una forma muy efectiva de gobierno.

-Subalterna: La ciencia sostiene a la ciudad. Vivimos en una era en que la ciencia lo es todo.

-Subalterno: Y yo que fui a votar…

Qué belleza lo que me encontré. ¡Por Dios! Rosita Serrano - Bei dir war es immer so schön

2010-12-06T19:16:00.000-05:00

Sólo guayacanes amarillos

2010-11-27T22:39:00.000-05:00

Sólo guayacanes amarillos

Jaime L. Z. García

Junio de 2009

En un día tan radiante como pocos, a través de una senda totalmente cubierta por hojas secas que habían sido derramadas por hermosos guayacanes amarillos, dispuestos en dos finas hileras paralelas a sus lados, caminaba Nicolás. “Nunca, se decía, nunca en mi vida había visto una senda tan hermosa, ni unos guayacanes amarillos tan frondosos, a pesar incluso de que a esta senda no le quepa ni siquiera una sola hoja seca más.” Ese espectáculo se le hacía bastante maravilloso. Y tampoco podía dejar de admirar el que los árboles estuviesen tan perfectamente alineados, uno detrás del otro, de manera tal que la senda entre ellos fuese totalmente recta. Al lado izquierdo de la senda, separado por una de las hileras de los árboles y por una cortísima costa, se formaban unas aguas que parecían hacer un lago. En el mismo se reflejaba, como en un espejo, la irradiante luz del astro mayor. Todo el escenario era verdaderamente formidable, y podía decirse que las únicas sombras, en aquella senda, eran las que brindaban los árboles con sus ramas, sin contar la de Nicolás. Esas sombras hacían que el clima fuese totalmente fresco, no obstante que el sol se encontrase en su cenit y que incluso estuviésemos en pleno verano.

Nicolás, cansado después de mucho caminar mientras pensaba en los, ora amargos, ora dulces, devenires de la vida, decidió recostarse a la sombra de uno de los guayacanes amarillos, observando hacia los árboles de la otra hilera. Sería superfluo aquí hacer una descripción de las peculiaridades del árbol en el que se recostó Nicolás, pues, por más increíble que pudiera ser, todos los árboles eran tan parecidos que casi podía uno decir que eran totalmente iguales, hasta el punto incluso de que cada uno de ellos era capaz de producir la misma sombra. “¡Cómo sería, exclamó Nicolás, alcanzar una existencia tan perfecta como la que han adquirido, en un día como hoy, esta senda y estos árboles!” “¿Acaso no te gustaría convertirte en uno de nosotros?” Le respondió, preguntándole, el árbol de en frente. “La verdad, ello estaría muy bien. Aunque no sé cómo podría yo llegar a ser tan perfecto como ustedes y su senda.” La senda se integró al diálogo, diciendo: “Muchas gracias por lo de ‘perfectos’, si bien nosotros ya sabemos que somos perfectos. Si deseas alcanzar nuestro grado y nuestra belleza no tienes más que hacer que sumarte a la línea.” “¿A la línea? ¿Cuál línea?, respondió Nicolás”. “Pues a alguna de las hileras que formamos”, dijo el árbol en el que descansaba Nicolás. “Sí, a las hileras entre las cuales yo encuentro mi existencia”, respondió la senda.

Nicolás se sobresaltó: aquello ya no le gustaba para nada. Se puso de pie. Comenzaba a recelar respecto de esta senda totalmente recubierta por hojas secas y estos hermosos y frondosos guayacanes amarillos que brindaban una sombra tan acogedora. Nicolás le preguntó a la senda y a los árboles: “¿Y cómo han llegado ustedes a ser lo que son? ¿Cómo han adquirido una existencia tan perfecta, con unas sombras tan frescas, unas hileras tan bien alineadas y tan finas y una senda tan recta?” “Bueno, respondió el árbol que servía de descanso a Nicolás, lo cierto es que todo lo comenzaron unos hombres muy amables. Ellos, de corazón bondadoso y llenos de buenas intenciones, tuvieron la idea de lograr una senda perfecta, que estuviera finamente delimitada y acotada por dos hileras de árboles igual de perfectas. Plantaron los árboles y los cuidaron con mucho esmero. A esos hombres les tenemos mucho cariño. ¿No es cierto querida senda?” “Es cierto”, respondió la senda. “Pues bien, continuó el frondoso guayacán, una vez que las hileras estuvieron bien fijas, formando la senda, y que los árboles ya habíamos crecido lo suficiente, la senda empezó a llenarse de hojas secas, gracias a la acción del otoño. Después de esto, ya los hombres que lo comenzaron todo dejaron de ser necesarios. Los sucesivos árboles que nacían eran puestos en línea. Así, las hileras comenzaron a alargarse cada vez más, sin dejar de ser totalmente rectas, y manteniendo la rectitud de la senda. Nos autorregulamos. No tuvimos que esperar a que ningún hombre volviera a cuidarnos, todo lo hicimos por nosotros mismos de un modo bastante despersonalizado, y sin buscar otro fin que el constante mantenimiento y repetición del proceso.” “Entonces, preguntó Nicolás, esos demás árboles que fueron creciendo y que no fueron plantados por los hombres nacieron de las semillas que ustedes producían?”. “Bueno, contestó el árbol, en parte”. “¿Cómo que en parte?”, preguntó Nicolás. De inmediato Nicolás fue sujetado en todos sus miembros por diversas ramas de los árboles. Fue transportado hasta el final de la senda, a lo largo y por encima de la misma, por las ramas de todos los árboles, en un gran acto de colaboración y solidaridad. Allí, fue suspendido por encima de la senda. E inmediatamente después del último árbol de una de las hileras, las hojas comenzaron a separarse, hasta que Nicolás se dio cuenta que entre las hojas y las profundidades no había absolutamente nada. No había tierra sobre la que reposaran las hojas, más allá de ellas sólo se encontraba el abismo. Se formó, entonces, un agujero de un diámetro no muy extenso, que parecía perfectamente dispuesto para sembrar allí un ser humano, y que creciera como un frondoso guayacán de una belleza impactante. Nicolás entendió el “en parte” que había dicho ese árbol. También entendió qué había pasado con los hombres que comenzaron a formar la senda y las hileras de los árboles: habían sido absorbidos por su propia creación. Las ramas sujetaron a Nicolás fijamente y de pie sobre el agujero, hasta que finalmente las hojas que formaban el suelo de la senda se reunieron, dejando a Nicolás perfectamente sembrado. Ahora formaba parte de las perfectas hileras de hermosos y frondosos guayacanes amarillos, perfectamente iguales, hileras perfectamente alineadas, que formaban una perfecta senda, sobre la cual reposaban perfectas hojas secas. Las manos de Nicolás comenzaron a convertirse en ramas, creciendo hacia lo alto, y sus piernas tornábanse raíces. Nicolás se estaba transformando, alienando, en un deslumbrante guayacán amarillo, perfectamente igual a los otros.

A Nicolás aún le quedaba una esperanza: que aquello no fuera más que una ilusión. Intentó despertarse: en efecto, era un sueño: del cual ya no pudo salir: ahora no podía escapar. Estaba totalmente incorporado a una pesadilla.

Una pequeña consideración sobre la liberación sexual

2010-11-16T15:27:00.002-05:00

La liberación sexual, la liberación de la mujer, el sexo libre y sin compromiso, la falta de apego a la pareja: esto sólo puede resultar en la falta de cohesión entre los miembros de la sociedad, en la ausencia de solidaridad, en la pérdida de respeto y cuidado por el otro.

Se busca que los integrantes de una determinada sociedad no se sientan unidos entre sí, sino que sean indiferentes, que no se interesen el uno por el otro. Una sociedad así descompuesta, y debilitada desde su propia base, que es la unión de las personas en el proyecto de un futuro común y estable, es, por supuesto, mucho más susceptible, mucho más fácil de atacar, conquistar y someter por sus enemigos.

A la hora de que se presente el ataque a la sociedad en conjunto éste no podrá sentirse, no podrá percibirse, pues los miembros del grupo estarán pensando siempre en términos individuales. De modo que si no se afecta al individuum qua individuum, que piensa de modo individual, este no podrá darse cuenta cómo se está destruyendo a la sociedad.

Se hace así imposible la defensa conjunta y colectiva, y no se logra distinguir al enemigo común, pues habrá desaparecido ya cualquier sentido de comunidad.

USA cree que la gente es estúpida.Price of 'Peace': 20 F-35 stealth jets to bribe Israel?

2010-11-14T13:59:00.001-05:00

Schubert - Liebesbotschaft - Ria Ginster soprano

2010-10-28T12:43:00.000-05:00

1886, 1910, 1991: Por la senda del 'progreso' hacia el decisionismo judicial y la autodestrucción del Estado de Derecho

2010-07-26T18:17:00.002-05:00

1886, 1910, 1991:

POR LA SENDA DEL 'PROGRESO' HACIA EL DECISIONISMO JUDICIAL

Y LA AUTODESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Jaime L. Zapata García

Mayo de 2010

SUMARIO

Introducción; I. Norma, decisión y orden de instancias en el Estado de Derecho; II. La separación y equilibrio entre los poderes y sus funciones políticas en la Constitución de 1886 y en la Reforma de 1910; a. La Constitución de 1886; b. La Reforma de 1910; III. El escenario actual: decisionismo judicial; Epílogo; Bibliografía.

Quis custodiet ipsos custodes?

Juvenal

INTRODUCCIÓN

Si un Estado de Derecho nace con un juez constitucional centralizado nace herido de muerte. El objetivo general de este escrito es hacer algunos apuntes sobre cómo un juez centralizado y especializado, con la función de defender la Constitución, es estructuralmente incompatible con la Constitución de un Estado de Derecho. Cuando una Constitución, para asegurarse en su supremacía, determina la existencia de un juez centralizado como su defensor, lo que en verdad termina primando en todo el orden jurídico no es la Constitución sino ese juez. No es la Constitución la que se establece como superior, superior es solamente ese juez con esa función. De manera que si una Constitución hace que un órgano con esas competencias exista ello implica nada más y nada menos que el desmoronamiento del Estado de Derecho: se consagra la supremacía total de ese órgano, lo que lleva al desequilibrio y la violación al principio de separación y equilibrio de poderes, y también a la vulneración de toda idea de competencia como concepto organizador de una jerarquía de instancias concretas. Así una Constitución diga constituir un Estado de Derecho, siempre que prescriba la existencia de un juez constitucional centralizado ello hace que esa Constitución deje de ser la Constitución de un Estado de Derecho. Mediante un juez constitucional no se defiende un Estado de Derecho, sino que más bien ese juez constitucional contribuye a la ruina de ese tipo de Estado. Ese juez constitucional lo único que defenderá será su propia supremacía e integridad.

Para ratificar esta tesis, hacemos un repaso a las formas como se han relacionado entre sí los tres principales poderes del Estado en la Carta Política de 1886, en la Reforma de 1910 y en el Estatuto Superior de 1991.

Se requiere hacer algunas precisiones conceptuales sobre algunos términos sin los cuales no se comprendería más o menos a cabalidad nuestra exposición. En primer lugar, siguiendo a Carl Schmitt, entenderemos por Constitución la decisión política fundamental del poder constituyente sobre la totalidad de la forma concreta de existir de la unidad política, que, como tal, es irreformable e inmodificable por procedimiento alguno sin que a su vez quede destruida y deshecha, y que, en la modernidad, ha consistido ante todo en la decisión por la democracia como principio político y por el principio del Estado de Derecho, comprendiendo éste los dos elementos de libertad individual y de separación y equilibrio entre los poderes del Estado. Este concepto de Constitución debe distinguirse del de “ley constitucional”, término por el cual comprenderemos una determinación normativa que generalmente está puesta en el texto constitucional, que está destinada a poner en práctica claramente esa decisión política fundamental en la que consiste la Constitución, y cuya peculiaridad respecto de las leyes ordinarias consiste en un procedimiento más dificultuoso para su reforma.[1] Además de esto, definiremos como función política aquella que implica una puesta en movimiento de la unidad política, aquella que realizada conlleva que se actualice la Constitución en su sustancia: la conservación de la paz, seguridad y orden públicos, del principio democrático y del principio del Estado de Derecho. Cualquier función que realice un poder público y que implique la defensa de esos tres elementos de la Constitución puede ser considerada una función política. A su vez, dependiendo de qué poder del Estado ejerza dicha función política con más acento que los otros podemos hablar de un Estado ejecutivo, un Estado legislativo o un Estado jurisdiccional.[2] Igualmente, llamaremos litigio constitucional todo pleito entre los principales poderes del Estado: sea que se enfrenten entre sí por lograr una función política más amplia, sea que un miembro particular de esos poderes esté siendo sometido a juicio por los órganos estatales debido a una cuestión pública. De este modo, no toda controversia sobre una función política es un litigio constitucional, sino que se requiere que sean partes los principales órganos encargados de ejecutar la Constitución: el Presidente, el Congreso y, sólo actualmente, el Juez Constitucional (sea que se trate de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional).[3]

El trabajo propone varios términos con el objetivo de ayudar a comprender una nueva realidad constitucional: sentencias-leyes constitucionales, decisionismo o absolutismo judicial y competencia ilimitada, que ya ha sido llamada “competencia de competencias”[4]. Dichos términos, que son un verdadero ejemplo de lo que me gusta llamar “engendros jurídicos”, nos ayudarán a respondernos si cuando hay un juez constitucional centralizado existe algo, aunque sea en términos formales, semejante a un Estado de Derecho legislativo, o si cabría mejor hablar de otra cosa, como por ejemplo de un Estado jurisdiccional.

Para hacer dicho análisis, procedemos según una metodología enseñada por el más grande jurista del siglo XX. A Schmitt le corresponde el mérito de ponernos al descubierto que el Derecho no se reduce a normas, sino que implica, además, decisiones y también órdenes concretos, los cuales se reflejan en instancias o instituciones.[5]

En primer lugar, destacaremos aquí que la norma y la decisión son dos elementos del derecho, cada uno, en principio, autónomo e independiente respecto del otro: en este sentido norma y decisión, como factores del derecho, forman una dualidad irreducible. A este tipo de análisis de cómo se presenta la relación entre la norma y la decisión lo llamaremos análisis formal. Hemos escogido este término en cuanto decisión y norma constituyen dos formas propias de lo jurídico, de manera que un análisis de la relación entre norma y decisión debería llevar necesariamente el nombre de análisis formal.

Además de éste análisis formal, complementaremos nuestras observaciones con un análisis orgánico o de jerarquía de instancias. En otras palabras, para un entendimiento más comprensivo del problema, aparte del punto de vista formal, tocaremos el problema de las instancias, instituciones o, como prefería decir el mencionado jurista alemán, órdenes concretos, y la manera como lo que se encuentra jerarquizado no es el elemento normativo y el elemento decisorio, sino que más bien son los órganos e instancias responsables, en virtud de una ordenación concreta y de reglas de competencia, de producir esas decisiones y esas normas las que se encuentran en jerarquía: como veremos, no es que la decisión se someta a la norma, sino que la instancia que produce la decisión se somete a la instancia que produce la norma. Ahora bien, este tipo de análisis de jerarquía de instancias según reglas de competencia presupone que ya se hizo un análisis formal, y que se logró determinar cómo se daba la relación entre norma y decisión. Al análisis que trata de observar cómo se da la jerarquía entre diversas instancias según como se presente la relación entre normas y decisiones de acuerdo con criterios de competencia lo llamaremos análisis orgánico, por cuanto se intenta verificar cómo se da la relación entre los órganos titulares de diversas funciones y bajo qué criterios orgánicos. Esto es, el análisis orgánico presupone ya resuelto el análisis formal, y lo que trata de hacer es verificar cómo esa relación entre norma y decisión no es más que un reflejo de una relación entre una serie de órganos, que quedan de esta manera jerarquizados, subordinados y en tensión constante unos con otros. Es un análisis orgánico porque es un análisis de la organización, el cual debe hacerse en cuanto las formas de la decisión y de la norma toman lugar en una organización, y la organización se define por leyes de competencia, que pueden ser leyes constitucionales.

Estos análisis, formal y orgánico, nos servirán para arrojar algo así como un “tipo ideal” (Weber) acerca de cómo se configuraría judicialmente la relación entre norma y decisión y cómo se presentaría la jerarquía de instituciones titulares de la producción de normas y decisiones en el Estado Derecho. Este “tipo ideal” de la función judicial en el Estado de Derecho nos ayudará, a la vez, para verificar qué tan cerca han estado del mismo los jueces constitucionales de la Carta Política de 1886 y de la Reforma de 1910. Finalmente, trataremos de ver cómo se presenta esa trinidad de norma, decisión e institución actualmente, bajo la Constitución de 1991, en el escenario de un juez centralizado que tiene la capacidad de decir en qué consisten los derechos y al que además se le ha confiado, como en un acto de fe, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

NORMA, DECISIÓN Y ORDEN DE INSTANCIAS EN EL ESTADO DE DERECHO

Una de las proclamas de los revolucionarios burgueses, inspirados en la Ilustración, era que el derecho se hiciese público, claro y taxativo, y además que no hubiese lagunas a la hora de aplicar el mismo.[6] Los elementos cualitativos que debía incorporar esa norma eran los de la impersonalidad o generalidad, su predeterminación, que consistía en que las normas se concibieran como duraderas, y que su contenido fuera mensurable y previamente determinable.[7] Una de las garantías de la libertad del ciudadano es que “(...) una Ley, una vez promulgada, no puede ser cambiada arbitrariamente. En todos los demás casos la supuesta autovinculación que el Legislador se impone a sí mismo mediante una Ley no es más que una frase vacía.”[8]

Todo esto se hizo con el objetivo de reducir el ámbito libre y decisionista del juez y aumentar el de la norma: se trataba de que la proporcionalidad entre decisión y norma se resolviese en favor de la norma, como uno de los objetivos de la seguridad jurídica: cuanto más clara es la Ley, más difícil le es al juez aumentar el valor de su decisión hasta el punto de tergiversar el contenido de aquélla. Esas proclamas sobre la necesidad de que el derecho fuese público iban en contra del monopolio de los jueces sobre la decisión de lo que era el derecho, tal y como pasaba en el Estado absolutista. Ahora el Legislador primaba sobre el juez. Se buscaría restringir la acción libre del juez obligándolo a ligarse a unas normas preestablecidas. Los beneficiados no podían ser otros que los ciudadanos, en cuanto estos, observando las normas a las cuales el juez tenía que ceñirse estrictamente, podían aproximarse un poco más a predecir sobre el sentido del fallo, y actuar, así, de un modo más libre.

Hoy, a pesar de todos esos ánimos de publicidad, de que todos los ciudadanos conociesen las leyes y supiesen a lo que se encontraban sujetos, son pocos los que conocen el derecho, esos ánimos populistas no han llevado a una comprensión generalizada de lo que es el derecho: simplemente el monopolio sobre el contenido de lo que es el mismo se vio repartido entre los jueces del absolutismo y los parlamentarios y abogados del Estado de Derecho.[9] Ya no hay, por decirlo así, un monopolio sino un oligopolio sobre el conocimiento del Derecho. Estos abogados son los que conocen las normas respecto de las cuales realizan una interpretación con antelación a la que haga el juez en su decisión. A través de unas normativas preestablecidas a la decisión, y susceptibles de un estudio sistematizador, se ha reducido el ámbito de actuación imprevisible de los jueces, a la vez que los abogados, dueños de un arte liberal por principio, han aumentado la posibilidad de influencia de su discurso y, con ello, su poder. En el lenguaje de Pierre Bourdieu, el cual muchas veces huele a Schmitt, se produjo un nuevo nomos en cuanto a quiénes tendrían la capacidad de pronunciar válidamente en qué consistiría el Derecho[10]: dicha capacidad se repartió entre jueces y abogados. Los abogados podían ahora también interpretar con autoridad el derecho, y mediante esa interpretación obligar el sentido de los fallos judiciales.

Podría uno decir que de ninguna manera la norma puede decir cómo fallar, que existe aquí necesidad de interpretación, que el juez debe crear derecho, etc. Pero si esto fuese así, si verdaderamente la norma no pudiese indicar, ni siquiera para la situación de normalidad, cuál debe ser el sentido del fallo, entonces los burgueses no hubiesen luchado para que existiese una norma que limitara al juez en sus decisiones. Es cierto que la norma por sí misma no basta para resolver el caso concreto y que se requiere de la decisión que descansa en el juez, pero la norma sí puede establecer un parámetro para la decisión, una especie de zona, de campo dentro del cual el juez esté obligado a moverse a la hora de dictar la sentencia, y fuera del cual estaría prevaricando. Este fue, entonces, el resultado del Estado de Derecho en lo que respecta al juez. La función jurisdiccional consistiría en la subsunción de un hecho en el contenido de una Ley previamente establecida, resultado de la cual sería la sentencia judicial. La independencia del juez consistía precisamente en su dependencia respecto del texto legal: un juez es independiente si sólo está sometido al imperio de la Ley, y si no recibe más presiones que aquella que le ejerce la norma general expedida por el órgano legislativo. Esa es la labor de la justicia: juzgar.[11] Y esto presuponía, además, que la sentencia fuera radicalmente diferente de lo que es una Ley. Aquélla tiene efectos particulares, para el caso concreto; mientras que ésta tiene efectos generales para, en principio, los habitantes del territorio del Estado. Como dice Carl Schmitt en sintaxis casi poética:

No existe Estado burgués de Derecho sin independencia del poder judicial, ni justicia independiente sin sujeción concreta a una Ley, ni sujeción concreta a la Ley sin una diferenciación real entre Ley y sentencia judicial.[12]

Lo que aquí describimos fue el tipo ideal de la función judicial en un Estado de Derecho.

LA SEPARACIÓN Y EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PODERES

Y SUS FUNCIONES POLÍTICAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1886

Y EN LA REFORMA DE 1910

En este parágrafo revisaremos cómo estaban configurados la separación y el equilibrio constitucionales entre los diversos poderes del Estado en la Constitución de 1886 y cómo se reorganizaron esa separación y ese equilibrio tras la Reforma de 1910. Ello nos servirá, en primer lugar, para concluir qué poder o poderes eran los encargados de llevar a cabo la función política, esto es, la de poner en funcionamiento los mandatos constitucionales y actualizar así la unidad política en sus principios fundamentales: democracia y Estado de Derecho; pero asimismo, en segundo lugar y en estrecha conexión con lo anterior, nos ayudará a identificar cuál era el papel del poder judicial: si tenía una función activa, y en este sentido política, o meramente pasiva, receptiva y reproductora de decisiones previamente tomadas por los otros poderes. Todo ello nos servirá para verificar qué tan cerca o tan lejos estábamos en 1886 y en 1910 de lo que anteriormente describimos como el tipo ideal de la función judicial en un Estado de Derecho.

a. La Constitución de 1886

Podemos decir que el diseño del Estado de Derecho en la Constitución de 1886, en lo que se refiere a la aplicación del principio orgánico de separación y equilibrio de las ramas del poder público, hacía que los poderes legislativo y ejecutivo tuvieran el pleno poder sobre la unidad política, aunque para hacerlo debían balancearse y controlarse mutuamente, mientras que la justicia sólo excepcionalmente ejercía funciones políticas, y aún en este caso únicamente podía hacerlo de manera muy relativa, previa participación del Presidente y el Congreso.

El Presidente de la República tenía facultades como decretar el estado de excepción, nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y objetar, por inconstitucionalidad, los actos legislativos y los proyectos de Ley del Congreso. Para realizar el nombramiento de los Magistrados de la Corte, el Presidente debía contar con la anuencia del Congreso, y en lo que se refiere a la revisión de constitucionalidad el Presidente debía someterse a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.

Las principales funciones políticas del Congreso consistían, en primer lugar y como es natural en un Estado de Derecho, en la competencia, privativa y exclusiva, de promulgar las leyes y de reformar la Constitución, salvo objeción por inconstitucionalidad del Presidente de la República; también, el Congreso era competente para aprobar o desaprobar los nombramientos que hiciera el Presidente respecto de los miembros a integrar la Corte Suprema de Justicia, aunque dicha competencia radicaba solamente en el Senado; además de ello, el único órgano legislativo tenía la plena y exclusiva competencia para resolver los conflictos o litigios constitucionales: podía acusar y juzgar, mediante la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado respectivamente, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, a los Consejeros de Estado, al Procurador general de la Nación y a los Magistrados de la Corte Suprema, siempre que se tratara de casos de delitos cometidos en ejercicio de funciones o de indignidad por mala conducta; asimismo, es importante destacar que no podía realizar actos de favorecimiento ni de proscripción o persecución individuales, esto es, contra personas o corporaciones: le estaba prohibida, pues, expresamente, la posibilidad de declarar al enemigo público; también es relevante el hecho de que la Cámara de Representantes podía conocer de los denuncios y quejas que ante ella se presentasen por el Procurador de la Nación o por particulares, contra los Ministros del Despacho, Consejeros de Estado, Procurador general y contra los Magistrados de la Corte Suprema, y si prestaren mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

La Corte Suprema de Justicia sólo tenía dos funciones políticas: una de ellas consistía en declarar la exequibilidad o inexequibilidad de los actos legislativos y de los proyectos de Ley objetados por el Presidente por inconstitucionales. Ahora bien, esta función, más o menos política, sólo podía hacerse por reacción a las participaciones previas del Presidente y del Congreso: era necesario que el Presidente hiciera la respectiva objeción y que el Congreso insistiera para que la Corte pudiese revisar la constitucionalidad de un proyecto de Ley; igualmente, en el caso del examen de constitucionalidad de los proyectos de Acto legislativo, se requería que el Presidente hiciese la objeción presidencial de inconstitucionalidad. De modo, pues, que la Corte no podía, motu proprio, declarar los proyectos de Ley o de actos legislativos constitucionales o inconstitucionales: necesitaba de la participación del Presidente y del Congreso, no era una atribución que pusiera en funcionamiento constantemente, sino más bien una competencia bastante excepcional. Dicha función política, entonces, era compartida por la Corte, el Presidente y el Congreso. La otra función, también sólo relativamente política, consistía en la competencia para juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, a los Consejeros de Estado, al Procurador general de la Nación y a los mismos Magistrados de la Corte Suprema, siempre que se tratara de delitos comunes. Era una función relativamente política en la medida en que sólo podía realizar tales juicios si el Congreso remitía el caso a la Corte: y aun así, era prácticamente garantizado que el caso remitido no iba a ser algo grave, pues el Congreso no renunciaría a ejercer su poder político: así pues, era casi que seguro que la cuestión siempre se referiría a delitos comunes, en principio apolíticos, tal y como lo mandaba el artículo respectivo.[13]

¿De todo lo anterior qué se puede concluir? Podemos decir que el poder judicial era un poder pasivo y receptivo, o sea, no tenía poder político, o que si lo tenía era muy reducido y relativo; esto a diferencia del Congreso y el Presidente, que tenían una gran capacidad de iniciativa en lo que se refiere a la vida política de la Nación. Además, también se puede concluir que había un equilibrio entre los poderes públicos, que impedía que alguno de ellos se erigiera como juez de los otros, o que se convirtiera en algo así como un poder superior a los otros dos, lo que se verifica en la obligación constitucional de que todos los poderes participasen en cuestiones que se referían a problemas constitucionales; por lo menos, claro está, en situaciones de normalidad, que no de excepción. Los poderes públicos que ponían en funcionamiento y actividad la unidad política eran el ejecutivo y el legislativo, y el poder judicial era, como lo aconsejaba Montesquieu, “de algún modo nulo”, lo que es otra forma de decir que no tenía poder político, o que el mismo se reducía a aplicar la Ley y la Constitución a los casos concretos, y a hacer el control constitucional de las leyes y de los actos legislativos sólo cuando poderes, verdaderamente políticos, como el legislativo o el ejecutivo, participasen en ese proceso. En síntesis, pues, los motores políticos de la República de Colombia, según la Constitución de 1886, y por lo menos hasta 1910, eran el ejecutivo y el legislativo, mientras que el poder judicial era un órgano receptor y reproductor de las decisiones políticas tomadas previamente por aquéllos dos; igualmente había una separación y equilibrio entre los poderes del Estado. Las cosas eran más cercanas a como deben ser en un Estado de Derecho, si bien se puede decir que no era un Estado legislativo, sino un Estado legislativo y ejecutivo.

b. La Reforma de 1910

Esta Reforma introdujo relevantes modificaciones en lo que se refiere al principio orgánico de separación y equilibrio de los poderes públicos. En mi criterio, estas fueron las más importantes. En primer lugar, en lo que se refiere al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya la decisión última sobre esto no radicaba solo en el Senado, sino que tenía que compartirla con la Cámara de Representantes. El procedimiento era el siguiente: el Presidente tenía que presentar ternas a la Cámara del Senado y a la Cámara de Representantes, y las Cámaras escogían de esas ternas a los nueve magistrados. Esta es una diferencia, más o menos sustancial, respecto de la que primero se había dicho en la Constitución de 1886, pues ahora el Congreso tenía, por decirlo así, más de donde escoger, había más “oferta”, y debía, por ello, analizar mejor y más profundamente qué personas eran las verdaderamente aptas para estar en la Corte. Además, el período de los magistrados de la Corte ya no era vitalicio, como en la Constitución de 1886, cuando sólo podía destituirse a un Magistrado si había incurrido en causal de mala conducta; ahora, en cambio, el período era de cinco años, si bien había lugar a la reelección indefinida de dichos magistrados. Igualmente, es de destacar el Artículo 40 de dicha Reforma que dice: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.” Asimismo, se dispuso que “a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución.” También se le dio competencia a la Corte para decidir sobre la exequibilidad de “todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación.”[14]

De la anterior lectura podemos derivar una serie de interrogantes, que nos permitirá llegar a diversas conclusiones. ¿Cómo quedó entonces el equilibrio entre los poderes públicos luego de esta Reforma? ¿Cuáles fueron las ramas del poder público que se vieron más beneficiadas con el nuevo reparto del poder? ¿Y el poder judicial, aumentó sus funciones públicas, o continuó siendo dependiente de las participaciones del Presidente y el Congreso a la hora de tomar decisiones sobre algún asunto constitucional? ¿Significó realmente una novedad y un avance el disponer, como lo hizo la Reforma, por un lado, la posibilidad de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y por otro, que a la Corte Suprema se le confiase “la guarda de la integridad de la Constitución”?

El gran beneficiado de la Reforma fue, ciertamente, el Congreso y el gran perdedor fue el Presidente. Como dijimos, ahora el Congreso tenía la posibilidad de escoger entre las ternas presentadas por el Presidente, que ya no podía simplemente presentar nueve personas, si bien el órgano legislativo, bajo los artículos originales de 1886, podía desaprobar algún nombramiento; en especial, a la Cámara de Representantes le fue concedida una participación en ese asunto, que antes no tenía.

Otro punto para destacar es que la Reforma introdujo la posibilidad de que particulares demandaran leyes y decretos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Esto, ciertamente, representa una novedad y se podría ver como un “progreso” en dirección a hacer que la Constitución tuviera verdadera supremacía dentro del orden jurídico. No obstante, también debe destacarse que esto implica un apoderamiento por parte del juez. En efecto, una vez que la Corte Suprema de Justicia debe recibir cada vez más y más demandas de inconstitucionalidad de parte de particulares su producción normativa debe aumentar: ya no se limita a fallar en cuestiones constitucionales una vez que se haya verificado la participación de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, sino que puede empezar a dictar sentencias, por decirlo así, autónomamente. Ahora bien, como dichas sentencias tienen la virtud de declarar la exequibilidad de leyes o de decretos, entonces es inevitable que las mismas, de algún modo, comiencen a considerarse parte de la Constitución, es decir, que tengan rango constitucional, por encima de las leyes y de los decretos. La situación era diferente antes de la Reforma, pues la Corte tenía que resolver la exequibilidad de los actos legislativos sólo cuando el Presidente así lo solicitase mediante la objeción por inconstitucionalidad, y lo más probable es que el Presidente sólo hiciese esto cuando dicho proyecto de Acto legislativo, de algún modo, irrumpiera en la órbita de sus poderes y de su competencia. En el caso de los proyectos de Ley, se requería, además de la objeción presidencial, que hubiese una insistencia por parte del Congreso. De manera, pues, que las sentencias sobre cuestiones constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia debían ser verdaderamente excepcionales, teniendo que concurrir dichas participaciones de los otros dos poderes para que en efecto se produjeran. En cambio, la Reforma de 1910 permitió que la Corte Suprema de Justicia tuviese más oportunidades de convertirse en un seudopoder constituyente, pues podía aprovechar cualquier demanda de inconstitucionalidad para interpretar la Constitución y dictar sentencias con rango constitucional. Así que otro gran “ganador” de la Reforma fue el poder judicial, que empezó a dejar de ejercer funciones más jurisdiccionales para transformarse en un órgano cada vez más político, convirtiéndose en una Corte Constitucional avant la lettre: con ello, el gran perdedor fue el Estado de Derecho.

Lo que de ningún modo puede decirse que haya constituido una novedad es la disposición del Artículo 40 de la Reforma, según el cual “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.” Dicho Artículo no es sino una paráfrasis de lo que el Artículo 21 de la Constitución de 1886 establecía, a saber: “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.” Entonces, existiendo este Artículo, y si se entiende que la Constitución de 1886 tuvo vigencia y fue aplicada, no se puede decir que dicha Reforma haya sido la que introdujo esa excepción de inaplicabilidad. El agente que ejecutaba el mandato superior no podía decir simplemente que como ese era el mandato entonces debía cumplirlo, aunque ello fuera en contra de la Constitución: no. El Artículo, en mi parecer, es bastante claro, y establece que un agente debe asumir la responsabilidad si ejecuta un mandato que va en contra de la Constitución y si al hacerlo ocasiona un detrimento concreto en alguna persona. De modo pues que no hay tal novedad, ni hay que hacer una rumba constitucional simplemente porque al poder constituyente secundario o derivado se le haya ocurrido cambiar la sintaxis de un Artículo, con la superflua finalidad de que sonara mejor y más bonito.

Tampoco constituye una novedad, en modo alguno, el que a través de la Reforma se le haya confiado a “a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución”. La Constitución era protegida por la Corte Suprema de Justicia toda vez que el Congreso o el Presidente participasen de ese proceso de revisión de constitucionalidad, fuera bien de los actos legislativos o bien de los proyectos de Ley. Además, por el mero hecho de que antes no existiesen esas palabras bonitas como “confianza”, “guarda”, “integridad”, no se puede decir que antes no se pudiese confiar en la Corte Suprema de Justicia, ni que la Constitución no estuviese salvaguardada, ni que estuviese al borde de la desintegración. Así, por ejemplo, para reformar la Constitución se requería llevar a cabo a un procedimiento más dificultuoso que para promulgar una Ley; y aún en el caso de que se llevare a cabo dicho procedimiento, era necesario, además, que el Presidente no presentase objeción constitucional alguna, y aun así, la Corte Suprema de Justicia, que no el Presidente, tenía la última decisión sobre la materia.

De manera pues que no se puede decir que esas palabras que dicen que “a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución” sean algo más que poesía constitucional, que podían muy bien haber quedado sin ser dichas. Ahora bien, como no es mi objetivo aquí hacer una apología reaccionaria de la Constitución de 1886 de Don Miguel Antonio Caro, es de reconocer que en dicha Carta se pueden destacar algunas aporías. La más importante, sin duda alguna, es la que se refiere al hecho de que la Constitución podía ser reformada en todos sus artículos. Esto, como se puede pensar fácilmente, va en contra de la definición precisa de lo que es una Constitución: la decisión sobre la forma de existir de una unidad política, decisión que es inmodificable, a menos que se quiera destruir dicho modo de ser de la unidad política. Es cierto que Caro había establecido tres, y se podría decir que cuatro, elementos esenciales de la Constitución: la democracia representativa al decir que la soberanía residía en la Nación, el principio del Estado de Derecho (separación y equilibrio entre los poderes y derechos fundamentales), “la religión católica, apostólica, romana” como religión oficial, y la lengua española como lengua oficial.[15] No obstante, dado el caso de que se promoviera un acto legislativo que fuese en contra de alguno, algunos o todos esos elementos los cuales quería el constituyente que fuesen parte de la decisión política fundamental, si el Presidente no hubiese presentado objeción constitucional alguna, la Constitución se hubiese venido al piso.

En este sentido, podemos decir que Caro, si bien vivió en la segunda mitad del siglo XIX, fue todavía un hombre de la primera mitad del mismo, totalmente encerrado en el idilio de un Estado de Derecho sin angustias existenciales, lo que le impedía ver el peligro que implicaba el ser, la existencia política; además, que tampoco podía haber previsto el desastre que puede causar el que a una unidad política le falte el poder de impedir que se desarrollen en su seno sectas gnósticas, tal y como pasó en Europa y en Rusia, y como está pasando en nuestro querido continente americano.[16]

De los párrafos precedentes puede concluirse algo más: que la Reforma de 1910 no constituyó, en modo alguno, un intento claro de dar más peso a la Constitución en el orden jurídico, sino que más bien logró, por un lado, que el poder del Congreso estuviese más equilibrado respecto del que detentaba el Presidente, y que el poder jurisdiccional tuviese la puerta abierta para asumir poderes más allá de la Constitución, pero que podía revestirlos con la poesía constitucional de “guarda de la integridad de la Constitución.” En efecto ¿qué es “guarda”?, ¿qué es “integridad”? Esos conceptos y competencias tan amplios, tan ambiguos, van en contra de uno de los objetivos de un Estado de Derecho, cual es el de hacer que todos los órganos del Estado tengan unas competencias claras y expresas, para evitar el despotismo, o la concentración del poder, sea en el poder ejecutivo, en el legislativo o en el judicial. La guarda de la integridad de la Constitución no puede ir más allá de lo que ésta claramente y sin lugar a dudas establece; la guarda de la integridad de la Constitución se reduce a que el órgano competente para ello, en este caso la Corte Suprema, ejercite los medios y competencias definidos en la Constitución para ese fin; y en verdad que la Carta Magna de 1886 delimitaba dichas competencias del modo más claro: y ello sin que fuera necesario hablar de “confianza”, ni de “guarda” ni de “integridad.” Con esto se puede decir que la Reforma de 1910 alejó al poder judicial de lo que debe ser su papel en un Estado de Derecho, y dejó la simiente para que se desarrollara un Estado jurisdiccional.

III

EL ESCENARIO ACTUAL:

DECISIONISMO JUDICIAL

La Constitución de 1991 estableció grandes modificaciones en lo que se refiere al reparto de la función política entre los poderes públicos y a la separación y equilibrio entre los mismos. Se podría destacar que el Congreso seguía con la competencia para la justicia política; también el que la Corte Suprema de Justicia ahora pueda juzgar a diversas autoridades del orden nacional. Pero definitivamente lo más importante de la Constitución de 1991, en lo que se refiere a la repartición de la función política y al equilibrio y separación entre los poderes, es el conjunto de los artículos 239 a 245, que establecen la “Jurisdicción Constitucional.” Tal vez este haya sido uno de los modos más peculiares para llevar a cabo la voluntad de destruir el Estado de Derecho, pues se hizo a nivel constitucional, y bajo el lema de defender la Carta Política. El Artículo 241 es el que establece dicha competencia de la Corte Constitucional: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, y que dicha competencia, si es que puede llamarse competencia algo tan vago y ambiguo, dice que la misma se ejercerá “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, palabras éstas que ahora nos pueden parecer tiernas hasta la putrefacción. Como decíamos unos párrafos antes: ¿en qué consiste la “integridad”? ¿y ahora, no siendo suficiente con esas palabras de la Reforma de 1910, en qué consiste la “supremacía”? Esas palabras podrían haberse quedado sin ser dichas, pues lo relevante no es utilizar términos rimbombantes y fastuosos para referirse a la función que hace un determinado órgano, sino decir cuáles son sus atribuciones y competencias concretas. En ese sentido se pueden aplaudir diversos numerales de ese tierno artículo 241, que son concretos, y que obligan a la Corte a fallar ateniéndose simplemente a aspectos formales y procedimentales en la formación de Actos legislativos, en la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, en los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. No obstante se pueden hacer objeciones a esos mismos numerales. Es sabido el cambio de la democracia representativa a la democracia participativa que implicó la nueva Constitución, con la sustitución del concepto de Nación por el de Pueblo. Ahora bien, ¿el hecho de que todos esos métodos de formación de la democracia participativa tengan que pasar necesariamente por la aprobación de la Corte Constitucional no le da a ésta un poder excesivo? Tal parece que la democracia participativa se refleja en que la Corte tenga más ocasión de participar en la función política: pero en un verdadero Estado de Derecho los jueces tienen que estar lo más alejados de cuestiones y litigios políticos, precisamente para lograr uno de los presupuestos de tal tipo de Estado: la independencia judicial.

Es de resaltar que la Corte ha recurrido a la doctrina schmittiana de la diferencia entre reforma y sustitución de la Constitución, y con base en ella ha establecido otro tipo de vicios por los cuales pueden ser declarados inconstitucionales los actos legislativos: a esos vicios cuya falta de revisión representarían una sustitución de la Constitución los ha llamado vicios “de competencia”. Pero no ha sido la Constitución la que ha establecido esos vicios, la Carta Política sólo hablaba de vicios de procedimiento, formales. De manera que en este caso la Corte Constitucional actuó, verdaderamente, como un constituyente primario, como un órgano por encima de la Constitución, algo que en un Estado de Derecho no debe ser tolerado. Ahora bien, un vicio de competencia es, evidentemente, un vicio sustancial, material, pues se refiere a un elemento de la Constitución que siendo afectado implicaría destruirla. Se puede aducir que con base en esa doctrina schmittiana de la diferencia entre reforma y sustitución de la Constitución se ha salvado al Estado de Derecho en el más reciente ensayo para destruirlo; no obstante, esos pronunciamientos sobre los vicios de competencia han sido, como es natural que pase cuando la justicia trata cuestiones políticas, de una manera muy esporádica, no de un modo profundo y concienzudo. No se ha dicho en qué consiste claramente un vicio de competencia, sino que sólo hay referencias nebulosas a la separación y equilibrio de poderes y a los derechos fundamentales. Además de esto, es posible que lo que en cierto momento para la Corte fue un vicio de competencia posteriormente no lo sea, pues a través de la maniquea distinción entre ratio decidendi y obiter dictum se puede hacer frente a la teoría de la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta, además, que los Magistrados de la Corte, especialmente después del Acto legislativo que permitió la reelección inmediata por un período, pueden ser más influidos por la política, no habiendo tenido éxito el proyecto para restablecer el equilibrio entre los poderes.

También se puede deducir el carácter político que tiene la Corte Constitucional del hecho de que es ella la que debe aprobar, en último término, si un tratado internacional es o no acorde a la Constitución. Pero tal vez sea lo más importante destacar cómo, en la práctica, y tomando el caso paradigmático de una Sentencia que ni siquiera es de constitucionalidad, sino de tutela (!), la Corte Constitucional ha venido tomándose atribuciones que no le corresponden ni por Constitución ni por Ley.

A continuación, haremos los mismos análisis, formal y orgánico, pero aplicándolos a la situación actual de un Estado con un juez constitucional que posee unas prerrogativas bastante amplias. En primer lugar, debemos observar qué pasa con la dualidad decisión-norma cuando concurren en un mismo escenario dos situaciones: primero, que una Constitución prescriba que en la unidad política existirá un juez centralizado al que se le confiará, como en un acto de fe[17], “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, como dice el artículo 241 Superior; segundo, que, ese juez, diciendo de sí mismo, con toda propiedad y sin incurrir en modo alguno en falta de competencia, que está cumpliendo su función, encargada constitucionalmente, de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, ese juez, pues, no sólo se encargue de aplicar los derechos y las normas, sino que los defina. En otras palabras, veremos qué pasa con estas categorías de la norma y la decisión cuando “los derechos son aquello que los jueces dicen”, donde sea que lo digan, y cuando ese juez que dice en qué consisten los derechos es, al mismo, tiempo, el encargado de guardar la supremacía y la integridad de la Constitución. En segundo lugar, esto es, después de ver cómo se presenta la relación entre norma y decisión en dicho escenario, pasamos a analizar cómo se presenta la jerarquía de instancias según esa relación: cómo se da la ordenación jerárquica entre instancias cuando hay un juez que dice en qué consisten los derechos y que, al hacerlo, actúa como defensor de la Constitución.

En 1992 la Corte Constitucional Colombiana afirmó lo siguiente: “Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados (sic) por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al Legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela.”[18]

La Corte Constitucional dice que antes los derechos fundamentales, por carecer de efectividad, tenían una mera fuerza simbólica, y que esta efectividad, ahora, será lograda gracias a la acción del juez. En este sentido reconoce también la dualidad entre decisión y norma. En efecto, en cuanto los derechos, sean los que sean, estén meramente postulados en normas y no cuenten con medios para su realización, serán y seguirán siendo simplemente una carta desiderativa. Para asegurar el derecho, que está puesto en una norma, se requiere de una decisión que lo realice.

Sin embargo es una expresión exagerada, y que no guarda el menor enlace con el mínimo concepto de lo que es un Estado de Derecho decir que “hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela.” En una situación de normalidad de un Estado de Derecho, como vimos, la decisión de un juez es válida toda vez que se encuentre reducido su valor respecto de la norma. En otras palabras, sólo si la decisión aplica para el caso concreto el sentido que la norma indica puede decirse que esa decisión es válida, siempre que la decisión se dé en una situación normal de un Estado de Derecho. Desde este punto de vista, el juez, en su decisión, está limitado a una esfera discrecional bastante reducida: si bien el juez está obligado a interpretar la Ley tiene límites para ello, pues no debe exceder lo que la norma le señala.

Si decimos, por el contrario, que “los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela”, el ámbito discrecional del juez, y con ello el valor de la decisión, aumentan exageradamente, mientras que el valor de la norma preestablecida a la decisión decrece.

En una situación normal de un Estado de Derecho, la decisión, radicada en cabeza del juez, solamente es válida si expresa el sentido de la norma, la cual ha sido definida previamente por el Legislador. Aquí la dualidad entre norma y decisión se resuelve a favor de la norma. En cambio, si la decisión, en cierta manera, incorpora y produce la norma, diciendo cuál es el contenido de los derechos, y lo hace con vocación de obligatoriedad general y no sólo para el caso concreto, ello quiere decir que lo que existe es una superioridad de la decisión sobre la norma. La norma aquí ya no sigue existiendo con autonomía respecto de la decisión, lo que sucede más bien es que la decisión se hace norma. La decisión desplaza la norma y toma su lugar. En una situación normal de un Estado de Derecho, si bien el elemento de la decisión se reduce, debe seguir existiendo todavía la dualidad de decisión y norma, norma y decisión deben seguir presentándose autónomamente una respecto de la otra. Pero lo que pasa cuando la decisión acapara la norma es que aparece un verdadero engendro jurídico: una decisión normativa, que también puede llamarse decisión-ley o sentencia-ley.

Si hay un juez que él mismo y en el mismo momento aplica y elabora conjuntamente las normas y los derechos, entonces sus decisiones terminan siendo sentencias-leyes. La sentencia termina incorporando todas las cualidades que son inherentes a la Ley: impersonalidad o generalidad, durabilidad o permanencia, y una mensurabilidad o determinación en su contenido previa al caso concreto. A pesar de que la sentencia-ley sigue siendo una sentencia, directamente conectada con un caso concreto, la misma tiende a apropiarse de las características de la Ley. Así, esta sentencia-ley ya no valdrá sólo para el caso concreto que está resolviendo, como pasa con toda sentencia, sino que va a tener efectos generales, como una Ley; esta sentencia-ley, además, tenderá a ser permanente y a existir como válida y aplicable para un período de tiempo considerable, como una Ley, y a no agotarse en el tiempo del caso concreto, como sí una sentencia; y, finalmente, como la sentencia-ley valdrá para todos los casos relacionados, se dirá entonces que ella, como la Ley, se encuentra bien definida previamente en cuanto a su contenido con respecto a futuros casos concretos. Estas son las características de una sentencia-ley.

Ahora bien, esa sentencia-ley no es pronunciada por cualquier tipo de juez: se trata de un juez centralizado cuya función especial es la de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. La consecuencia de esto, en lo que respecta a un análisis formal que evalúe la relación entre norma y decisión, es que la decisión de ese juez, que ha alcanzado “fuerza de Ley”, no sólo se queda ahí, sino que, en la medida en que el que la pronuncia es el juez constitucional, toma incluso “fuerza de Constitución”. Esta sentencia-ley es una sentencia-ley con valor constitucional. Ahora bien, como la Constitución es norma normarum, norma de normas,[19] ello quiere decir no solo que el valor de la decisión del juez se aumenta respecto de la norma, produciendo sentencias-leyes, sino que se termina haciendo de esa sentencia-ley algo superior a la Ley: la sentencia toma fuerza de superlegalidad.[20] Si ese juez entra a definir en qué consiste la norma, en qué consiste el derecho de manera general, si pronuncia, en suma, una sentencia-ley, haciendo la defensa y la aplicación de la Constitución, dicha sentencia-ley tendrá un valor supremo a la legislación ordinaria. Una sentencia-ley emitida por el juez constitucional hace que esa sentencia-ley tenga la calidad de la Constitución y termina dándole una especie de aro de santidad. El hecho de que sea un juez constitucional el que emita una sentencia-ley le da a la misma la supremacía y la santidad de la Constitución. El sello santificador de la sentencia-ley, brindado por el hecho de que la pronuncia el juez constitucional, hace que esa sentencia-ley valga más que la legislación ordinaria. Con ello se exagera aún más el decisionismo del juez, en tanto ahora esa decisión-norma, esa sentencia-ley es entonces una sentencia-ley con valor constitucional, no simplemente con valor legal. Esta sentencia-ley-constitucional tiene, desde luego, un valor mayor que una sentencia basada en una norma previamente definida. La sentencia no es meramente Ley, es además Constitución.

Pero con ello, por lo demás, no es que se haga efectiva la Constitución, lo que se hace efectivo más bien es el mayor valor de la decisión, posibilitado por el hecho de que dicha decisión tiene ahora el supremo valor de la Constitución. Esta sentencia-ley constitucional, aún más, termina siendo no sólo superior a la Ley, sino que, como tiene el rango constitucional y la Constitución es norma de normas, es superior a cualquier otra normación del Estado. No sólo es superior a la Ley, sino que está sobre toda regulación.

Pasaremos ahora a hacer el análisis orgánico, de cómo se da la jerarquía entre órganos e instancias cuando la sentencia del juez se vuelve una sentencia-ley constitucional. En un Estado de Derecho, al Legislador se le asigna la tarea de definir el contenido de la norma, la cual deberá tener ciertas cualidades que ya hemos visto, mientras que al juez se le encarga solamente la aplicación de la misma para el caso concreto mediante la sentencia. El juez, en un Estado de Derecho no puede definir en qué consisten los derechos ni las normas de manera general, ello es competencia del Legislador. Desde este punto de vista, esto es, desde un análisis orgánico, decir que la decisión del juez sólo es válida en cuanto aplique al caso concreto el sentido indicado por la norma definida por el Legislador equivale a decir que el juez está subordinado respecto del Legislador. Una subordinación que sólo puede ser válida, además, en tanto que la norma definida por el Legislador cumpla con unas cualidades específicas.[21]

Pues bien, cuando se afirma que el juez dice en qué consisten los derechos ello es una usurpación de funciones del Legislador por parte el juez. Cuando un juez, además de aplicar el derecho en el caso concreto, además de hacer efectivas para el conflicto particular las normas generales, define él mismo en qué consisten esas normas y esos derechos, con vocación de que esas definiciones valgan en general y no sólo para el caso particular, sucede además, dando por supuesto que nos encontremos en una situación de normalidad de un Estado de Derecho, una usurpación de funciones, de competencias.

Si antes, supuestamente, durante la Constitución de 1886, la norma que creaba el derecho no contaba con instancias que la hicieran efectiva, hoy aquellos que pretenden hacer efectivo el derecho son los mismos que lo crean. Antes había una omisión del Estado para hacer efectivo el derecho en cuanto los derechos fundamentales no encontraban garantía. Ello era nada más y nada menos que una omisión en el desarrollo de la división de poderes. En efecto, la división de poderes postula, entre otras cosas, el reparto en el desarrollo de las tareas estatales, una distribución, nomos, que debe estar debidamente reglada, para que prime la seguridad jurídica y con ello la libertad. Pero, en la Constitución pasada, la división de poderes no se cumplía, pues una de las ramas, la judicial, no podía llevar a cabo su función: la de hacer efectivos los derechos.

Hoy, en cambio, y si se le quiere dar pleno sentido a la afirmación de que los derechos son aquello que dicen los jueces, el escenario es radicalmente contrario. Antes, la división de poderes no estaba asegurada porque una de las ramas no cumplía su función, esto es, porque el juez no podía hacer efectivos los derechos. Hoy se asume que el juez no sólo debe aplicar efectivamente los derechos sino que es él quien los define. Pero esto también hace que el postulado de la división de poderes, con el cual debe contar todo Estado que quiera llamarse Estado de Derecho,[22] se ponga en entredicho. Si antes la división de poderes no se presentaba correctamente porque una rama no podía cumplir su función efectivamente, hoy la división de poderes no se da efectivamente debido, en cambio, a una concentración de funciones en un solo órgano. La definición de las normas generales en el Estado de Derecho es una competencia del Legislador, pero si hay un juez que además de aplicar el derecho también lo define, si un juez a la vez que hacer efectiva la norma también dice en qué consiste el contenido de esa norma con vocación de generalidad, con ello ese juez está usurpando la competencia de ese Legislador, o por lo menos está entrando en una competencia con el Legislador por la competencia de decir en qué consisten las normas y los derechos de manera general y con vocación de obligatoriedad: en términos de Bourdieu, el juez constitucional y el Legislador se encuentran en lucha por el monopolio del derecho a decir el derecho, solo que cuando el juez entra en esta lucha no lo está haciendo de acuerdo con una “rivalidad estructuralmente reglada.”[23] Así como un decreto publicado por el Legislador es una violación de la división de poderes, en cuanto este se entromete en las competencias del ejecutivo, asimismo una Ley publicada por el juez, así tenga la forma de sentencia, también es una usurpación de competencias. Los dos escenarios constituyen violaciones al postulado de la división de poderes.

Ahora bien, esa usurpación de competencias del Legislador por parte del juez la lleva a cabo éste con el objetivo de guardar la supremacía e integridad de la Constitución, lo cual se le ha encargado por el mismo poder constituyente. La usurpación de competencias se justifica porque se está defendiendo la Constitución. Este conflicto de competencias tiene como consecuencia, desde un punto de vista de un análisis orgánico de la jerarquía de instancias, que el juez constitucional termine primando sobre el Legislador. El conflicto de competencias se resuelve haciendo del juez constitucional un órgano supremo al Legislador. Si el juez constitucional usurpa la competencia del Legislador con el objetivo de guardar la integridad y supremacía de la Constitución produciendo sentencias-leyes-constitucionales, ello tiene como consecuencia que el juez constitucional termina siendo un órgano superior al Legislador. Esto es totalmente diferente de la forma como se defiende la Constitución en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, defender la Constitución significa asegurarse de que cada órgano desarrolle la función que se le ha encargado al asignársele competencias, y que la cumpla efectivamente, pero sin desbordar dicha competencia, en virtud del principio de legalidad: cumpliendo entonces el Estado sus fines, pero asegurándose, al mismo tiempo, la libertad de los ciudadanos. Hoy, en cambio, la supremacía de la Constitución se verifica en una usurpación de competencias: usurpando las competencias se defiende la Constitución. La defensa de la Constitución consiste en usurpar competencias.

Pero no sólo sucede esto, no solamente el juez constitucional termina siendo superior al Legislador, sino que, en virtud de que el juez tiene el encargo de asegurarse de que la Constitución siga siendo norma de normas, ese juez termina siendo superior a todos los órganos del Estado. La superioridad de una norma no es sino el reflejo de la superioridad de un órgano sobre otro. Si una norma superior se hace valer, también se hace valer el poder del órgano encargado de asegurar la validez de esa norma, y ese órgano se hace valer sobre otro órgano encargado de una norma inferior. Como no hay norma superior a la Constitución, y tampoco hay ninguna instancia que asegure esa hipotética norma superior a la Constitución, entonces el máximo órgano termina siendo ese juez constitucional. No hay ningún órgano superior al juez constitucional porque no hay ninguna norma superior a la Constitución, y como no hay norma supraconstitucioal cuya validez deba ser defendida por órgano alguno, entonces la defensa de la Constitución que lleva a cabo el juez constitucional lo posiciona a él por encima de cualquier órgano estatal. Todo ello sucede cuando se le entrega, o mejor, se le confía al juez la competencia de guardar la supremacía y la integridad de la Constitución, de que esta siga siendo norma de normas. Pero esta situación es totalmente diferente de lo querido por un Estado de Derecho, en el cual no debe haber ningún órgano superior a ninguno, sino que todos deben encontrarse en una situación de equilibrio: para evitar precisamente que alguno abuse de su poder, yendo en contra de la libertad.

Ahora bien, si un juez al pronunciar su sentencia no está sujeto a ninguna norma sino que él mismo, en su sentencia, crea la norma que va aplicar, y si además esa sentencia, que ya adquirido el valor de Ley, se produce para guardar la integridad y supremacía de la Constitución, ello tiene como consecuencia un decisionismo judicial. En efecto, como vimos, un factor que hace que un Estado se libere de un juez arbitrario y sin sujeción alguna es hacer que la sentencia del juez aplique el sentido indicado por una norma expresa, previamente definida por el Legislador. Pero si el juez en su sentencia crea la norma que va aplicar, y además esa sentencia adquiere el valor de la Constitución misma, se termina con un juez cuyos poderes son incontrolables, configurándose un decisionismo judicial con rango constitucional. Pero en semejante poder fuera de medida, sin control e ilimitado muchos ven hoy la mejor forma de asegurar la defensa de la Constitución. La mejor forma de defender la Constitución de un Estado de Derecho, donde todos los órganos deben ser mesurados y controlados en sus actividades, consiste en estatuir un juez supremo sin controles ni mayores límites. Pero eso autodestruye el Estado de Derecho, lo destruye desde sus propias entrañas.

Visto lo anterior, ahora podemos pasar a dar respuesta a una pregunta que tal vez pudo haber quedado planteada. Al tratar de la sentencia-ley dijimos que esa sentencia adoptaba los elementos, cualidades o características propias de la Ley, y que por esto no sólo era una sentencia sino que era una sentencia-ley. Terminábamos diciendo que como es una sentencia-ley que se produce con el objetivo de guardar la supremacía de la Constitución, dicha sentencia-ley es superior a cualquier Ley ordinaria, obteniendo el rango supralegal de Constitución. Sin embargo, no mencionamos porqué esa sentencia no se convertía del todo en una Ley y dejaba de ser una sentencia. ¿Si la sentencia-ley incorpora estos elementos de la Ley, qué queda entonces de las características de la sentencia en la sentencia-ley? ¿Por qué la sentencia-ley sigue siendo sentencia a pesar de reunir en sí todas las cualidades que definen a una Ley? El Legislador muchas veces promulga normas que no cumplen con las características cualitativas de la Ley, que se parecen más a un decreto que a una Ley, y que sin embargo se llaman leyes por la mera razón, vacía y sin sentido, de que esa norma la emitió el Legislador.[24] Pues bien, en este sentido, la única respuesta posible es que esta sentencia-ley constitucional sigue siendo sentencia solamente porque la ha pronunciado un juez, quien es el competente para emitir sentencias. Es posible que una norma, a pesar de no cumplir con ciertas cualidades, se considere Ley por el mero hecho de ser expedida por el Legislador: asimismo pasa con estas sentencias-leyes. Que son en verdad leyes y leyes constitucionales, pero que por el mero hecho de que son emitidas por un juez entonces pasan a llamarse sentencias. Una situación tan absurda como ésta, de que una sentencia sea sentencia simplemente porque la pronunció un juez, a pesar de que esta sentencia se diferencie absolutamente de lo que es una sentencia “normal”, es sólo una consecuencia de hacer de un juez el defensor de la Constitución.

El juez, finalmente, cuando hace leyes por medio de sentencias deja de ser un juez común y corriente que solamente hace valer el sentido que la norma le indica, y se convierte en un juez-legislador, aunque más bien, es un juez con un poder constituyente.[25] En este caso no falta quien diga que la Constitución de 1991 no postuló una total división de poderes, sino una colaboración armónica entre los mismos. Esto es cierto, pero también lo es que la forma, el régimen y el método como debe darse esa colaboración de poderes están definidos en la Constitución. En cambio, esta supuesta colaboración, que se verifica en la existencia de un juez que da constituciones, no fue prevista por el Constituyente de 1991. Ello es una violación del principio de legalidad para la actividad del poder público, que dice que ningún órgano estatal puede actuar más que en el sentido y la forma como se le ha indicado en la Constitución o en una Ley expresamente.

Además de ello, cuando a un juez “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” se le entrega una función ilimitada, una competencia ilimitada, a pesar incluso de que el mismo mandato constitucional diga que se le entrega esa función para que la desarrolle “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, lo cual no deja de ser bastante tierno. Pero una competencia ilimitada es por supuesto una contradictio in adjecto, y constituye otro engendro jurídico. Una competencia ilimitada como esas, que recuerda el lenguaje de la “competencia de competencias”, hace imposible que se le pueda acusar fundadamente a ese juez constitucional una extralimitación en sus funciones, como sí se podría hacer respecto de todo órgano en un verdadero Estado de Derecho. La única forma de acusar a un órgano de extralimitación en sus funciones es si las leyes de competencia definen en qué consiste la función, limitándola de esta manera, lográndose identificar entonces cuándo se produce dicha extralimitación. La acusación de extralimitación en las funciones presupone una función limitada. Pero cuando un órgano tiene una función ilimitada por principio, en cuanto siempre actúa procurando la integridad y supremacía de la Constitución, no es posible acusarlo de extralimitación. Ese órgano respondería, con una lógica bastante acertada y actuando siempre dentro de la Constitución, que se encuentra dentro de su competencia, dentro de sus límites. Unos límites que sin embargo son ilimitados.

Para concluir, según la perspectiva con que estamos trabajando, en un Estado donde el juez no sólo aplica los derechos y los hace efectivos, no sólo realiza para el caso concreto lo que indica la norma, sino que el juez mismo define los derechos y las normas que precisamente él aplica, y además, hace todo esto con el objetivo de asegurar la supremacía de la Constitución, en un Estado con un escenario como éste, digo, pasan dos cosas. Desde un análisis formal, primero, el valor autónomo de la norma se ve reducido, y el valor de la decisión se incrementa, dando como resultado la atribución de valor normativo y general a la decisión: produciéndose así decisiones-normas, decisiones-leyes o, tal vez más correctamente, sentencias-leyes; además, y siguiendo con el análisis formal, como esas sentencias-leyes se producen en defensa de la Constitución y para asegurar su integridad, dichas sentencias-leyes adquieren un valor supremo a cualquier otra norma.

Aparejado a ello, y desde un análisis orgánico, primero, esto lleva a que se presente un conflicto de competencias entre el juez y el Legislador, toda vez que al juez se le da por hacer normas generales: el Legislador y el juez entran en una tensión y en un lucha por el monopolio del derecho a definir de manera general el contenido de las normas y los derechos; segundo, dicho conflicto de competencias se resuelve a favor del juez, pues la decisión de éste es la que vale en cuanto es a él a quien se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, siendo él el órgano supremo: la usurpación de funciones del Legislador por parte del juez se justifica, pues se trata de defender la Constitución; ahora bien, tercero, esta es una forma de defender la Constitución que difiere bastante de la forma como se defiende la Constitución en un Estado de Derecho: en un Estado de Derecho la Constitución se defiende asegurándose de que todo órgano desarrolle su competencia efectivamente pero que no la desborde en ningún momento, mientras que hoy la defensa de la Constitución consiste y se resume en una usurpación de competencias; es así como, cuarto, se produce lo que llamaré decisionismo o absolutismo judicial: la usurpación de las funciones del Legislador por parte del juez, al éste proponerse definir el contenido de los derechos de manera válida y general, lo que conlleva el incremento del valor de la decisión sobre el valor de la norma; situación que se plasma en la producción acelerada e incrementada de decisiones-normas, decisiones-leyes o sentencias leyes, que, como se dan en defensa de la Constitución, tienen valor constitucional y superior a cualquier otra normación; todo lo cual termina haciendo del juez constitucional un órgano supremo y sin limitación alguna, más allá de la que él mismo se imponga, actuando siempre, sin embargo, dentro de su competencia constitucional, dentro de sus límites constitucionales, que sin embargo son ilimitados. Este juez encuentra su competencia en el actuar libre de toda determinación clara de competencias, sus límites en la falta de límites, su mesura en la desmesura. Pero ya lo decía la sabiduría popular: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

EPÍLOGO

No pretendíamos aquí hacer una interpretación extensa de la Reforma de 1910, sino simplemente comparar el papel del juez constitucional de la Constitución de 1886 con el que desempeña bajo la Carta Política actual, tomando como punto de descanso e inflexión la Reforma. De ahí que no se haya hecho hincapié en los poderes ejecutivos y legislativos, y se hayan mencionado casi siempre únicamente cuando entraban a relacionarse con el poder judicial. Lo que queríamos destacar era sólo que debemos ser conscientes de que si en un Estado de Derecho la Constitución establece un juez centralizado para la defensa de la misma, ese Estado deja de ser un Estado de Derecho, pues nos vemos en una situación en la que el juez no tiene límites algunos, más allá de los que él mismo se imponga. Pero lo cierto es que la competencia de limitar su propio poder es la definición de soberanía: un poder es soberano si sólo él se dicta sus propios límites. Aunque aparentemente se esté defendiendo la Constitución, lo que en verdad está pasando es la descomposición del Estado de Derecho. Si vamos a hablar de un Estado con un juez constitucional centralizado más vale que dejemos de hablar de un Estado de Derecho. A lo sumo será un Estado jurisdiccional.

Para el liberalismo el individuo es ilimitado por principio, mientras que el Estado es limitado por principio.[26] Tan ilimitado es el individuo que para incidir en su libertad se requiere de una Ley general. Tan limitado es el Estado que para poder actuar requiere cumplir con la Ley. Esto es lo propio de un Estado de Derecho: un Estado limitado por principio. Pero cuando hay un juez constitucional centralizado ese órgano toma un poder ilimitado por principio. Ya no es el individuo quien mide al Estado. El estado toma su desmedida. El ilimitado es el Estado.

El valor mayor de la decisión respecto de la norma es algo que sólo puede tomar lugar en el escenario de un estado de excepción[27], donde se busca la autoconservación del Estado. Cuando la sentencia de un juez desarrolla más el elemento decisorio que el elemento normativo, esto es, cuando en una sentencia la decisión prima sobre la norma, se establece un estado de excepción. Pero un estado de excepción que comienza a convertirse en norma, en cuanto de esa decisión comienza a decirse que tiene validez general. Además el juez constitucional es contrario a una división de poderes, pues comienza por asumir competencias del Legislador y termina siendo un juez supremo constituyente.[28]

Tenemos bien presente, por supuesto, que a los hombres no les gusta que les digan que tal y como están no van progresando sino que más bien están en regresión, en retroceso, por no utilizar palabras tan fuertes como degradación, degeneración o decadencia. No esperamos que con estas líneas los hombres, y especialmente los colombianos, se detengan un momento y den media vuelta para contemplar los principios. Lo que decimos aquí, lo decimos, parafraseando a Nicolás Gómez Dávila, para que no prescriban los derechos del Estado de Derecho.

Se quiso que a través de un juez constitucional la Constitución finalmente valiera. Desde un análisis orgánico se intentó mostrar aquí que lo que termina valiendo en estos casos es el poder ilimitado del juez, que puede definir en qué consiste el derecho y además en qué consiste la Constitución; con ello no se hace efectiva la Constitución, lo que se hace efectivo es el poder del juez. De modo que en la carrera por garantizar la Constitución se terminó garantizando el poder insuperable del juez. Pues bien, debemos ser conscientes de que la utopía del juez constitucional puede convertirse en la distopía del decisionismo judicial: una distopía que tal vez ya estemos viviendo.

BIBLIOGRAFÍA

BECCARIA, César. De los delitos y de las penas (Milán, 1764). México: F. C. E., 2000; BOURDIEU, Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico” (California, 1987). En id. y TEUBNER, Gunther. La fuerza del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes et alter, 2000; CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-406 de 1992. M. P.: Ciro Angarita Barón; FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión (París: 1975). Buenos Aires: Siglo XXI, 1976; SCHMITT, Carl. La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria (Munich y Leipzig, 1921). Madrid: Alianza, 1985; id.. “Teología política I. Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía” (Munich y Leipzig, 1922). En ORESTES AGUILAR, Héctor (Prólogo y selección de textos). Carl Schmitt, teólogo de la política. México: Fondo de Cultura Económica, 2001; id.. Teoría de la Constitución (Munich y Leipzig, 1928). Madrid: Alianza, 1982; id.. La defensa de la Constitución. Estudio acerca de las diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución (Berlín, 1931). Madrid: Tecnos, 1983; id.. Legalidad y legitimidad (Munich y Leipzig, 1932). Reimpreso en ORESTES. Ib..; id.. Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica (Hamburgo, 1934). Madrid: Tecnos, 1996; id.. El nomos de la Tierra. En el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum” (Colonia, 1950). Buenos Aires: Struhart, 2005; id.. “Teología política II. La leyenda de la liquidación de toda teología política” (Berlín: 1970). En ORESTES. Ib..; id.. “La revolución legal mundial. Plusvalía política como prima sobre legalidad jurídica y superlegalidad” (1978). En la Revista de Estudios Políticos. N.° 10, julio-agosto de 1979. Pp. 5-24; VOEGELIN, Eric. La nueva ciencia de la política. Una introducción (Chicago, 1952). Buenos Aires: Katz, 2006; ZAPATA GARCÍA, Jaime L. “La literatura desde una perspectiva histórico-espiritual. Reflexiones sobre el hombre, la certeza, la racionalidad y la humanidad”. Medellín: primer semestre de 2009, sin publicar; id.. “Decisionismo judicial. Notas sobre la incompatibilidad estructural entre Estado de Derecho y juez constitucional”. Medellín: mayo-junio de 2009, sin publicar.

[1] SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución (Munich y Leipzig, 1928). Madrid: Alianza, 1982.

[2] Id.. Legalidad y legitimidad (Munich y Leipzig, 1932). En ORESTES AGUILAR, Héctor (Prólogo y selección de textos). Carl Schmitt, teólogo de la política. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. Pp. 245-343.

[3] “‘No todo litigio sobre el sentido de un artículo de la Constitución es un litigio constitucional. Depende de los sujetos litigantes’ (R. Thoma). Un Tribunal de justicia política para decidir litigios constitucionales sólo debe decidir sobre aquellos litigios que afecten a la Constitución, pero no a las particularidades de las leyes constitucionales. Como partes de un tal litigio, sólo son de considerar ‘órganos capitales’ de la Constitución (como dice Haenel), es decir, sólo aquellos órganos supremos que existen para la organización y ejecución inmediata de las decisiones políticas en que la Constitución consiste, y sobretodo, como hasta hora, Parlamento y Gobierno; y junto a ellos, otros órganos supremos, según la peculiaridad de la organización política. Sólo estos órganos capitales pueden vulnerar inmediatamente la Constitución, y sólo entre ellos puede darse un litigio constitucional auténtico.” Id.. Teoría…. P. 131.

[4] Id. La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria (Munich y Leipzig, 1921). Madrid: Alianza, 1985. P. 141; id.. Teoría….Pp. 118-9, 142; id.. La defensa de la Constitución. Estudio acerca de las diversas especies y posibilidades de salvaguardia de la Constitución (Berlín, 1931). Madrid: Tecnos, 1983. Pp. 95-6.

[5] Cfr. Id.. “Teología política I. Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía” (Munich y Leipzig, 1922). En ORESTES. Ib.. Pp. 19-53; id.. Teoría…; id.. La defensa…; id.. Legalidad…; id.. Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica (Hamburgo, 1934). Madrid: Tecnos, 1996; id.. El nomos de la Tierra. En el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum” (Colonia, 1950). Buenos Aires: Struhart, 2005; id.. “Teología política II. La leyenda de la liquidación de toda teología política” (Berlín: 1970). En ORESTES. Ib.. Pp. 391–460.

[6] Cfr., v. gr., BECCARIA, César. De los delitos y de las penas (Milán, 1764). México: F. C. E., 2000; tb., de manera muy clara, FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión (París, 1975). Buenos Aires: Siglo XXI, 1976. Pp. 77-107.

[7] Cfr. SCHMITT. Teoría…. Pp. 137-63; id.. Legalidad.... Pp. 259-269.

[8] Id.. La dictadura…. Pp. 140-1.

[9] El pretendido “Estado de Derecho”, consolidado en el siglo XIX, en verdad no es más que un Estado legislativo: es una comunidad política que centra su producción jurídica y su actividad y voluntad política decisiva, su función política, en el poder legislativo. Cfr. SCHMITT. Legalidad….; id.. Sobre los tres modos…. P. 36 y nota 17 (donde remite también a su obra sobre el defensor de la constitución), pp. 42, 43.

[10] BOURDIEU, Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico” (California, 1987). En id. y TEUBNER, Gunther. La fuerza del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes et alter, 2000. Pp. 153-220.

[11] SCHMITT. Teoría.... Ib..; id.. La defensa…. Pp. 25-124; id.. Legalidad….; id.. Sobre los tres modos….

[12] Id.. La defensa…. P. 77.

[13] De la Constitución de 1886 se pueden consultar, entre otros, los siguientes artículos. 58, 76, 78, 90, 96, 97, 98, 102, 119, 121, 147, 151.

[14] Al respecto se pueden ver, de la Reforma de 1910, los siguientes artículos: 17, 20, 36, 40, 41.

[15] V. gr. Constitución de 1886: arts. 2, 19-52.

[16] Cfr. VOEGELIN, Eric. La nueva ciencia de la política. Una introducción (Chicago, 1952). Buenos Aires: Katz, 2006.

[17] Debo a la profesora Bernardita Pérez este agudo señalamiento, que lo puede remitir a uno a categorías teológico-políticas.

[18] Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-406 de 1992. M. P.: Ciro Angarita Barón.

[19] Constitución de 1991. Art. 4.

[20] Sobre el concepto de superlegalidad, cfr. SCHMITT. “La revolución legal mundial. Plusvalía política como prima sobre legalidad jurídica y superlegalidad” (1978). En la Revista de Estudios Políticos. N.° 10, julio-agosto de 1979. Pp. 5-24.

[21] SCHMITT. Teoría…. Pp. 162-3: “Si el legislador puede adoptar la forma de la Ley para dirigir mandatos al juez, éste deja de ser independiente; depende de los órganos competentes para legislar; y si éstos pueden usar su competencia legislativa para dirigir al juez órdenes especiales y ‘decretos’, ellos son precisamente los superiores jerárquicos del juez. Sólo en tanto se mantenga el carácter general de la Ley son independientes los jueces.”

[22] Ib.. Pp. 58-62, pp. 137-48.

[23] BOURDIEU. Ib.. P. 161.

[24] Cfr. SCHMITT. Ib.. Pp. 149-63.

[25] Este es un punto que esperamos desarrollar en otro trabajo.

[26] Este es el, como Schmitt lo llama, principio de distribución del Estado de Derecho. Ib.. Pp. 138, 142.

[27] Id.. “Teología política…”.

[28] Todo esto contribuye a que el estado de excepción tienda a volverse la regla, a convertirse en un paradigma de gobierno (Agamben) y a que no se diferencie de ningún despotismo. Esperamos volver sobre esto en un próximo estudio. El que la decisión se haga la norma quiere decir que el estado de excepción se hace situación normal.

MOCKUS: ¿DERECHA O IZQUIERDA? NO: IZQUIERDA NEOLIBERAL

2010-05-04T12:36:00.001-05:00

MOCKUS: ¿DERECHA O IZQUIERDA?

NO: IZQUIERDA NEOLIBERAL

Jaime L. Zapata García

Mayo de 2010

En este pequeño escrito trataremos de definir la posición política de Antanas Mockus: de decir si es de derecha o de izquierda, o si más bien se trata de un representante del engendro político llamado “izquierda neoliberal”. Espero que estas líneas sirvan para que muchos de mis compatriotas afinen su criterio y capacidad política para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para nuestro querido país.

Para cada ámbito de la realidad humana son necesarias ciertas distinciones según las cuales las personas actúen en busca de la afirmación de su carácter en ese ámbito determinado. En la estética, el derecho, la economía, etc., se requieren unos códigos según los cuales se guíen y se ubiquen en la realidad los comportamientos humanos; se necesita, por decirlo así, un polo Norte y un polo Sur en la estética, pero también en la economía o en el derecho. Esto ya fue señalado por Max Weber, Carl Schmitt y Niklas Luhmann. Así, en la economía la “distinción específica”, o el “código”, es el de “costo/beneficio”; en la estética la diferencia es la de “bello/feo”; en el derecho lo es la de “jurídico/antijurídico”. Pues bien, el subsistema social de la política (sin mencionar aquí “lo” político) no es ajeno a esta determinante, la política no escapa a la necesidad de hacer esas distinciones. A la política le es específica la diferencia derecha/izquierda, y según esta diferencia es que los hombres regulan, orientan y ponen en escena sus comportamientos, con el objeto de afirmar en la realidad o en el subsistema social de la política la confirmación de sus expectativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos aseverar que existen, por decirlo así, cuestiones que un hombre de derecha no podría aceptar sin dejar de ser de derecha, y, asimismo, cuestiones que un hombre de izquierda no podría tolerar sin dejar de ser de izquierda. Por ejemplo, hablando en lo que se refiere a la familia, la derecha no puede aceptar el aborto o el matrimonio entre homosexuales o la adopción por parejas homosexuales sin dejar de ser derecha; y la izquierda no podrían manifestarse en contra del aborto, el matrimonio entre homosexuales o la adopción por homosexuales sin dejar de ser izquierda.

Ahora bien, ¿cómo queda todo lo dicho ante el evento de una persona que dice que no es de derecha ni de izquierda y que sin embargo apoya el aborto, el matrimonio gay y la adopción de niños por parejas gays? ¿Qué pasa con lo que afirmamos acerca de la distinción entre derecha e izquierda cuando aparecen políticos que se precian de ser “apolíticos”? ¿Qué sucede cuando hablan personas como Mockus o Fajardo, que dicen no adscribirse ni a la derecha ni a la izquierda? Pues bien, en ese caso una de dos: o no se comprende el sistema político… o se está tratando de engañar (“piensa mal y acertarás”, reza el proverbio español).

En nuestro caso particular, Mockus y Fajardo (que esperemos no lamente en un futuro próximo haber unido su apellido al del exalcalde de Bogotá), notan un fenómeno: el debilitamiento moral de la izquierda colombiana, lo que se refleja en su pérdida de apoyo popular. Ante esto, Mockus, para no cargar con la “mala fama”, dice no pertenecer a la izquierda. Igualmente, para no perder el apoyo de aquellos que están cansados de la política de seguridad democrática y que consideran que el Estado debe comprometerse con otros asuntos para poder brindar bienestar a su población, dice Mockus no pertenecer a la derecha. Así obtiene votos de los que rechazan al PDA y al Partido Liberal y de los que rechazan al uribismo y al conservatismo, y que ven al Partido Verde, tal vez sin mayor reflexión y dejándose deslumbrar y enceguecer por el brillo de lo nuevo, como un “cambio” o una opción diferente.

Lo cierto es que Mockus pertenece a ese fenómeno, raro pero en constante crecimiento, ese engendro político que me gusta llamar izquierda neoliberal. ¿Pero cómo se puede ser de izquierdas y al mismo tiempo ser neoliberal? Muy sencillo: Mockus es de izquierda en lo que respecta a la moral: defiende, como dijimos, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la adopción por parejas gays, al igual que no le ve problema a que una persona se drogue (“el que quiera fumar que fume, y el que no quiera que no fume”, según sus propias palabras). Y es neoliberal o de derecha (sin querer decir aquí que toda la derecha es neoliberal) en lo que se refiere a la política económica (y aquí sigo apuntes de Ricardo Puentes Melo y del Senador Jorge Robledo): todos los cambios que hizo como rector en la Universidad Nacional, como subir el precio de las matrículas o reducir los subsidios a los almuerzos para estudiantes de más escasos recursos, apuntan hacia el neoliberalismo, en el sentido de que haya menos participación activa del Estado en la economía y en la sociedad. Asimismo, como Alcalde de Bogotá realizó la venta de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) a manos privadas; y no solo eso, sino que la empresa quedó en manos de un monopolio: y los monopolios son incompatibles con la real libre competencia. De manera que si para Mockus “los recursos públicos son sagrados”, entonces ¿por qué se empeña en reducirlos o venderlos?

Mockus es, pues, de izquierda en el plano moral y de derecha en el plano económico: de ahí el apoyo del reconocido periodista Jaime Bayly: un candidato a la presidencia del Perú que desde lo moral, como Mockus, buscaría la libertad ciudadana de drogarse, que las parejas gays pudieran adoptar y casarse, que las mujeres pudiesen abortar libremente, y, además, la supresión o reducción de las fuerzas armadas, para llegar a ser “como Costa Rica”; Bayly que, desde un plano económico, como Mockus, está en contra de que el Estado siquiera mire la economía (aunque en este asunto tal vez Mockus sea más neoliberal que Bayly).

Mockus defiende el aborto, el matrimonio gay y la adopción por gays; y al mismo tiempo defiende que el Estado no intervenga para nada en la economía, hasta el punto de que se creen monopolios que impidan incluso que exista una verdadera competencia y un mercado libre, monopolios que, además, son incompatibles con salarios dignos. Según esto, pues, Mockus es el candidato perfecto para un afamado diseñador de modas.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO DE MOCKUS

2010-04-17T17:01:00.004-05:00

EL DESPOTISMO ILUSTRADO DE MOCKUS

Jaime L. Zapata García

Abril de 2010

“Llamar a la domesticación de un animal su ‘mejoramiento’ suena casi a burla sangrienta. Quien sabe lo que ocurre en los circos de animales, desconfía que en ellos sean ‘mejoradas’ las bestias. Se las debilita, se reduce su peligrosidad, se las convierte por el efecto depresivo del miedo, por dolor, herida y hambre, en bestias enfermas.”

Friedrich Nietzsche.

“Mira, ¡ésa es la caverna de la tarántula! ¿Quieres verla a ella misma? Aquí cuelga su tela; tócala, para que tiemble.

Ahí viene dócilmente: ¡bienvenida, tarántula! Negro se asienta sobre tu espalda tu triángulo

y emblema; y yo conozco también lo que se asienta en tu alma.

Venganza se asienta en tu alma(…).”

Así Habló Zaratustra

En este pequeño escrito buscaremos hacer unos pequeños comentarios, más o menos críticos, contra uno de los personajes que más está acaparando la atención en el panorama político colombiano actual: Antanas Mockus, si bien no buscamos superar la crítica hecha por el Senador Jorge Robledo. Al rastrear los orígenes de la propuesta educativa de Mockus nos encontramos con la Ilustración, y, al profundizar más, observamos que la herramienta para lograr su programa educativo es el aterrador despotismo ilustrado. Pero primero hay que señalar, sumariamente, en qué consiste la Ilustración, no históricamente como movimiento europeo del siglo XVIII, sino como actitud política, que puede verse en varios momentos de la historia. Al final, mostramos la raíz antidemocrática y gnóstica de la que parte la voluntad de dominio de Mockus.

Tal y como lo ha indicado Reinhart Koselleck, laIlustración somete a crítica el estado actual de las cosas, y para fundamentar esa crítica se pone en un futuro utópico: necesita de la utopía para criticar el mundo actual. Hace, pues, su crítica “hacia atrás”. Ahora bien, esta utopía, una vez que se demuestra como inaplicable con los medios convencionales, lo intenta hacer mediante la fuerza: y ya ha sido probado históricamente que todo intento de aplicar una utopía en la realidad termina en distopía: el Terror francés de 1793 y el genocidio de La Vendée, la despoblación de Lenin, los campos de concentración y exterminio nazis, los gulags de Stalin, y actualmente los presos políticos en Cuba y las instalaciones militares venezolanas donde están detenidos colombianos que tienen el status de civiles. Todas estas son pruebas, más que sumarias, de que lo único que puede resultar de la utopía es la violencia y el despotismo, en últimas, el totalitarismo. Pero esto es precisamente lo que pierde de vista la crítica: la crisis que hace involuntariamente: cuando la crítica se ha montado en el veloz e imparable automóvil del progreso no puede bajarse de él, pues o ha perdido el control o no es capaz de darse cuenta de la violencia que está ejerciendo, y de que esas medidas que está tomando no son, en modo alguno, sociales, ni científicas, ni morales, ni apolíticas, y que en verdad lo que está haciendo es una intensificación de la hostilidad, del odio. El revolucionario no se da cuenta de que tiene las manos ensangrentadas.

Ese es pues el proyecto de la Ilustración, y una de las herramientas para lograr esa Ilustración, ese “progreso”, es la educación, que más bien sería un adoctrinamiento. Ahora bien, yo creo en que la educación es uno de los requisitos más importantes para que una democracia no degenere en demagogia. Sin embargo, esta educación no puede ser obra el gobierno, ni de la administración, sino de la sociedad misma. Lo que hay que hacer es estimular la existencia de escuelas, colegios y universidades, por ejemplo mediante exenciones de impuestos. Además, las universidades deben gozar de autonomía, para que el saber se desarrolle lo más alejado posible de las presiones políticas, que no de la política. Pero la educación no puede ser obra de la administración. Así se corre el riesgo de que la educación se convierta en adoctrinamiento. Por lo demás, es sabida (¿en verdad es sabida?) la oposición del líder del Partido Verde a la autonomía universitaria.

Mockus pretende aplicar una utopía que solo tiene sentido en la cabeza de él. El gobierno de los filósofos, el despotismo ilustrado, la razón aplicada a las bravas es lo que en secreto desea él. De ahí su afinidad con Habermas. Los ilustrados tienen, en verdad, una fe: la de que, mediante el uso de la razón, el diálogo y el discurso, todo se puede solucionar: las guerras, el hambre, etc. Sin embargo ahí es cuando surge la peligrosa dialéctica de este sistema: entonces el que no está de acuerdo es porque no tiene razón y es una bestia, a la que hay que domar, o si no se deja domar pues siempre habrá otro recurso: aislamiento, rechazo, encierro.

Sin embargo, el adoctrinamiento es posible que no se perciba de buenas a primeras. Solo en los casos de las revoluciones, de derecha, liberales o comunistas, es posible notar claramente que lo que se está llevando a cabo es un adoctrinamiento. En cambio, es posible que ese adoctrinamiento se dé vía reforma, que es a lo que apunta Mockus. El adoctrinamiento no necesariamente tiene que ser fuerza bruta, sino una fuerza suave, que no se siente, para no generar desconfianza. Lo que se busca es pintar pajaritos en el aire, y lentamente las personas se van embobando, y ya no son educadas sino que pasan a ser simples mascotas.

Con ello la crítica deja de ser crítica moral y se convierte en política "tradicional", pero aún más maléfica en cuanto está cargada de resentimiento y de afán de poder, que esconde tras su ideal de un girasol verde y alegre. Uribe, decía, se veía a él mismo en relación con sus compatriotas como un padre de familia, algo completamente desdeñable en una democracia que esté bien constituida. Mockus no quiere ser un padre de familia, sino el amo que amaestra a sus animalitos para que coman de su mano, para que aprendan a sentarse y a pararse, a dar la mano, a hacerse los muertos, etc; el objetivo último es idiotizarlos, amaestrarlos, para hacer que pierdan su carácter y no se rebelen. Me recuerda mucho el cuento "Informe para una academia", de Kafka, done un gorila es capturado por los hombres, y estando enjaulado en el barco que lo lleva hacia Europa comienza a adoptar las maneras humanas, y los acontecimientos se desarrollan hasta que se convierte en un seudohombre de alta cultura.

Ese gobierno de los filósofos, de los intelectuales, es, además, radicalmente antidemocrático, y tiene sus raíces en el gnosticismo, tan señalado por Eric Voegelin, base de toda degeneración moderna. En efecto, estos déspotas ilustrados, gnósticos, creen que tienen un acceso directo a la razón, que tienen una inteligencia superior a la gente del común, que está más preocupada por el diario vivir que por postulados idealistas, y que por ello tienen un mejor derecho a gobernar que cualesquiera otros (John Laughland). De manera pues, que, a su entender, tal y como piensan estos intelectuales, las demás personas, que no son tan sabias como ellos, deben aprender de ellos, y aun más, deben dejarse gobernar, y seguir los mandatos de esta clase erudita, leída y sabia, sin realizar oposición alguna.

Es así, pues, que se entienden los proyectos de Antanas Mockus de educar a la gente: “civilizarla”, “educarla”, mediante cosas como la rumba zanahoria. Pero en un país democrático toda persona tiene el derecho libertad de controlarse por sí misma, sin que esté un policía, por más que se disfrace de superhéroe, al lado, diciéndole hasta qué horas debe estar de fiesta; esto, en verdad, es una intervención ilegítima e ilegal en la libertad de las personas, basada en un puritanismo totalmente anacrónico, seudoreaccionario.

La "libertad" que traen el socialismo y el proletariado

2010-03-08T16:52:00.002-05:00

LA “LIBERTAD” QUE TRAEN EL SOCIALISMO Y EL PROLETARIADO

Jaime L. Zapata
Marzo de 2010
jaluzaga@gmail.com

Quien aun crea que el socialismo es la respuesta, me gustaría que tuviera presente las siguientes consideraciones. En ellas planteo la tesis de que lo único que puede resultar del socialismo es un escenario en el que se acentúa el proceso de degradación del hombre, proceso ya empezado por la burguesía, que termina sacrificando todas las libertades individuales y corporativas en favor de una supuesta emancipación colectiva, utopía que en la realidad se verifica en un despotismo, una explotación y una desigualdad más cruentos que aquellos contra los cuales se combatía.
En primer lugar, hay que decir que la burguesía solo es capaz de “generar” un hombre reducido a lo más bajo, como mera fuerza de trabajo y cuyo objetivo más alto es la plusvalía, que ha perdido toda humanidad y se ha convertido en un animal reproductor de instrucciones, embrutecido, totalmente subyugado por la máquina que en un principio creó. Pues bien, este hombre finalmente se rebela, toma al Estado y a los medios de producción; la única posible consecuencia lógica no es que se “libere” y “libere” a la sociedad, sino que ejercerá un poder más absoluto que aquel al cual estaba sujeto, oprimirá de un peor modo, establecerá una igualdad rasante por lo bajo, de manera que no se ponga en peligro su despotismo; este seudohombre, este proletario, ejercerá una dominación más brutal, no sólo contra aquellos que lo tiranizaban, sino incluso contra sus propios “compañeros”. Una persona que siempre ha sido explotada, una vez en el poder, no puede hacer otra cosa que explotar de una peor manera. Su “liberación” consistirá en una peor explotación. Tal vez aquí sea de mucha ayuda la siguiente consideración de Franz Kafka: “Las intenciones con las que en tí adoptas el mal no son tuyas, sino del mal. El animal arranca el látigo de manos del amo, y se castiga a sí mismo para convertirse en amo de sí mismo, y no comprende que no es más que una ilusión producida por un nuevo nudo de la correa del látigo del amo.”
La “revolución” proletaria no es más que otro nudo en el látigo del despotismo de la explotación burguesa. Ahora los proletarios quieren ser burgueses, quieren tomar el látigo; y seguramente darán azotes más violentos, pero se los harán también a sí mismos. No quieren acabar con la explotación, quieren violentarse ellos mismos, y les irá peor, pues no contarán con el cansancio de la mano que azotaba: por la mancomunidad de los medios de producción, y la democratización del dominio, se podrán pasar el azote entre ellos, cambiar de turno: “Ahora debo ser yo el que azote a mis compañeros; después me tocará a mí incorporarme a la masa de azotados.”
Y así por los siglos de los siglos: la azotaina será permanente... como la revolución.

La modernidad ante la muerte

2010-01-15T20:57:00.001-05:00

LA MODERNIDAD ANTE LA MUERTE

Jaime L. Zapata García
Enero de 2010

En lo que sigue, el amable lector encontrará un pequeño análisis crítico de la modernidad. Dicho análisis parte de observar, como lo indica el título, cuál es la actitud de la modernidad ante el fenómeno de la muerte. Para llegar a un resultado más claro y probado, sometemos a lupa, con un aumento relativo, varios programas de la modernidad (la democracia, el socialismo, etc). Gracias, pues al lector, por su atención y esperamos que el escrito sea de su agrado.
En los tiempos en que regía la forma de gobierno monárquica, que se encontraba atemperada, limitada, por una aristocracia, y que rigió hasta prácticamente todo el siglo XVIII, cuando sucumbió ante la acción destructora y sangrienta de la Revolución francesa; en esos tiempos, digo, el hombre se enfrentaba directamente con la muerte: los suplicios acostumbraban a las personas a este hecho misterioso, hacían que lo incorporaran, de algún modo, a sus vidas cotidianas; el ritual de sepultura ayudaba a las personas a aceptar la posibilidad de no seguir viviendo, de perder para siempre a un ser querido. Se trataba, pues, de hacer de la muerte un fenómeno familiar[1], conocido, que no pareciese extraño al hombre.
La democracia, el socialismo, el progreso, los derechos humanos, cualquier tipo de utopismo que pretenda realizarse por medio de una revolución es una respuesta radicalmente contraria al fenómeno de la muerte. Existe aquí un miedo, un terror de la muerte, y entonces se busca asegurar la eternidad en el ahora, escapar a la muerte y establecer la vida para siempre, ser inmortales: he aquí, de nuevo, la suplantación de Dios.
La democracia es el gobierno del pueblo: se trata de regir los propios destinos, distinguiendo entre amigos y enemigos, de asegurar la existencia de la unidad política, estando dispuestos a matar a aquellos cuya diferencia representa una amenaza a nuestro modo de ser homogéneo.[2] Que nadie nos gobierne sino nosotros mismos (lo cual ya de por sí tiene bastantes aporías). En el socialismo, el objetivo es superar las desigualdades, que por lo demás son necesarias, fatales, de todo orden social, y asegurar la igualdad por una acción en el ahora, a través del reconocimiento de las “leyes” de la historia. En el progreso el tema es, en fin, no morir, no decaer: es el miedo a la muerte de la “civilización”. En suma, se trata siempre del temor a la muerte y la provocación de una respuesta que asegure la inmortalidad en el ya.
Al final, se ve que asegurar esa inmortalidad no es posible, que no se puede escapar a la recurrencia eterna[3]; que la democracia es una manipulación y explotación del pueblo por unos pocos[4]; que la supresión de la desigualdad, paradójicamente, acentúa la distancia entre el gobernante y el gobernado; que la realización del paraíso utópico es el infierno de la distopía: todas las promesas caen una a una. Pero como el hombre, para construir estos ideales, tuvo que matar a Dios[5] y suplantar él mismo su lugar, tuvo que establecerse él como el dios, entonces, cuando el hombre también y finalmente muere[6], lo que se verifica en la revelación de la falacia de esos postulados, ya no puede buscarse un punto fijo, un orden estable que lo reconsolide, pues la revolución lo habrá exterminado todo[7]: llega entonces la nada, el nihilismo.
Esto implica la imposibilidad de una restauración, de una regeneración total: esta solo puede ser parcial, a partir de los remanentes de la tradición vulnerada, de lo que aún queda de orden. Debemos, luego, hacer lo que podamos, y por lo menos mantener los rezagos sí inmortales de la Verdad divina.

[1] En el sentido que le da Michael Oakeshott al término “familiar”.
[2] Este alcance le da a la democracia Carl Schmitt. Pero no es que sólo para él eso sea la democracia, caso en el cual un hombre de izquierdas o un socialdemócrata de cátedra lo podría tildar de “nazi”. Ese es el concepto de democracia: para Aristóteles, así como para Rousseau. Y seguramente también para Robespierre, Hitler, Lenin, Stalin, y muchos de los actuales gobernantes de Latinoamérica.
[3] Recurrencia eterna: el principio según el cual toda civilización está condenada a nacer, crecer, decaer y morir. Principio inexorable, a la vez que denostado y vituperado por progresistas avant la lettre como Giordano Bruno, Francis Bacon y René Descartes, con el objeto de hacer que la modernidad fuera inmortal.
[4] Unos pocos: la burguesía. El burgués es bastante insultado por el comunista. Sin embargo, yo conozco a alguien más burgués que el burgués: se le llama, precisamente, comunista. Como decía Nicolás Gómez Dávila: “comunista es aquel que lucha para que el Estado le asegure una existencia burguesa”.
[5] Según lo diagnosticó Nietzsche.
[6] Como es sabido, M. Foucault es el autor de esta idea, parafraseando a Nietzsche.
[7] Aunque es improbable que la revolución acabe con todo, en la medida en que esa revolución sea permanente. Pues, ¿si la revolución es de nunca acabar, entonces cuándo podremos decir: esto es lo que queríamos, esto es aquello por lo que estábamos luchando?

Utopía y nihilismo

2009-08-28T09:32:00.000-05:00

UTOPÍA Y NIHILISMO
AL FINAL DEL CAMINO NOS ESPERA EL ABISMO

Jaime Luis Zapata García
Agosto de 2009

La utopía es un mundo ideal al que se desea llegar con la esperanza de sobreponerse a un mundo real lleno de miseria, coacción y violencia. Este concepto subyace tanto al liberalismo como al socialismo. La utopía es esencialmente la misma en ambas ideologías políticas, si bien pueden tener cada una matices que diferencian sus respectivas construcciones utópicas. En otras palabras, la utopía es la misma, en esencia, tanto en el liberalismo como en el socialismo, aunque puede tener diferencias, pero estas diferencias no alcanzan a romper la unidad de la utopía en dos direcciones contrarias.
En cierta ocasión una persona afirmaba que la utopía se le hacía un término bastante difícil de definir. Que solamente podía decir que la utopía estaba siempre potencialmente más adelante que uno: que si uno daba un paso la utopía daba dos, si uno daba dos la utopía daba cuatro, y así sucesivamente. Esa misma persona decía que, según lo anterior, lo más que uno podría afirmar era entonces que la utopía, por lo menos, era un cosa que servía para caminar.
En la utopía, aquello que se quiere siempre van a ser cosas que estén más allá de la realidad y que, sin embargo, deben ser obtenidas. Sea la libertad o la igualdad, siempre se trata de ideales que deben ser asegurados en la realidad. No obstante, la idea debe mantenerse en constante oposición respecto de la realidad para que la actividad de traer la utopía pueda tener sentido. Si la utopía se realizara los revolucionarios se quedarían “sin empleo”.
Ahora bien, aquella situación de que la utopía dé exponencialmente más pasos que uno lo que hace es generar la angustia de que no se tiene lo que se quiere: se quiere tener cada vez más y más, pero no se obtiene, no se puede obtener para que la utopía se mantenga.[1] El afán de tener cada vez más cosas genera, pues, la infelicidad: y la tristeza se incrementa, paradójicamente, a medida que uno obtiene más cosas y se va dando cuenta que ello simplemente no alcanza a satisfacer. Nunca será suficiente.[2] Nunca podría decir uno: “bueno, con esto será suficiente para ahora consagrarme a otras actividades.”
Esta actitud de querer tener siempre más cosas y de no ver en lo que se tiene algo suficiente para poder dedicarse a otras preocupaciones es una actitud propia del burgués. En efecto, como afirma Nicolás Gómez Dávila, “(b)urguesía es todo conjunto de individuos inconformes con lo que tienen y satisfechos de lo que son.” Según esta posición, nuestra existencia es admirable si estamos en la búsqueda de cosas que nos reporten bienestar. Ello hace de nuestro modo de ser algo bueno y justificable: cuando vemos en esta búsqueda el sentido de nuestra vida nos satisfacemos de nuestro propio modo de ser. “Una modernidad satisfecha de sí misma”, como decía Carl Schmitt. Pero a la vez, nunca es suficiente, nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos y nunca podremos decir: ya está bueno, esto es suficiente.
Esta inconformidad con lo que se tiene y esta búsqueda constante de más y más cosas es lo que lleva a los que tienen esta actitud a perder de vista cuál es el lugar propio de la tenencia de riquezas: el no preocuparse más por ellas. Por el contrario, como dice Gómez Dávila, el burgués ve en la acumulación de las riquezas el objetivo último de la existencia. Pero esto mismo le pasa al comunista, pues, siguiendo con Gómez, el comunista es “aquel que lucha para que el Estado le asegure una existencia burguesa.” El socialista quiere una vida burguesa, y por ello siempre buscará lo que busca el burgués: un aseguramiento de la felicidad, ahora a través del Estado.
Considerando todo lo anterior, puede ser cierto que estemos efectivamente caminando gracias a la persecución de la utopía, pero lo más probable es que nos estamos dirigiendo hacia el risco de la montaña, luego del cual nos está esperando el abismo: la angustia ante la falta de sentido, la nada, el nihilismo. El bienestar que tanto el burgués como el socialista quieren es siempre un bienestar material, y como lo material no alcanza a satisfacer al hombre, entendido como compuesto de alma y cuerpo, entonces ello sólo origina el nihilismo: y el nihilismo sólo puede resolverse al entender la necesaria compatibilidad entre la insignificancia humana y la omnipresencia divina.
[1] Esta idea también forma la base de ese concepto de la revolución permanente que, en mi opinión, no es más que uno de tantos mitos modernos, uno de tantos “ideales al revés”, como la democracia, la igualdad, el progreso, los derechos humanos o el pacifismo.
[2] Ello es bastante ostensible en una excelente película: Citizen Kane, dirigida por Orson Welles. En ella, el protagonista trata de suplir con bienes materiales una necesidad que es eminentemente espiritual: el sentirse querido por una persona. Esta ausencia de espíritu solamente pudo tener lugar en una sociedad en la que la familia ha quedado hecha jirones gracias a la falta de interpenetración entre padres e hijos, originada, en parte, por la masificación del trabajo.